Las prostitutas de los países del Mercosur reclaman normas que regulen su actividad y eviten la represión policial y la discriminación que sufren miles de mujeres de la región.
"Somos perseguidas, castigadas, encarceladas y se violan nuestros derechos pero la sociedad no nos ofrece alternativas laborales", dijo a IPS Raquel Ramírez, presidenta de la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (Amepu), que lidera el movimiento regional.
Luego de más de 10 años de lucha, Amepu y sus similares de otros países del Mercado Común del Sur (Mercosur), como Argentina y Brasil, no han logrado que se aprueben normas que obliguen a respetarlas "como seres humanos", afirmó Ramírez.
Desde hace cinco años se encuentra en el Congreso uruguayo una iniciativa que apunta a regular la actividad y sustituye las normas que rigen desde 1927.
El proyecto de ley busca crear determinadas zonas para ejercer la prostitución y que se habilite el certificado de buena conducta sin exponer a las mujeres a la curiosidad de sus vecinos, dijeron Ramírez y Susana Ribeiro, también de Amepu.
Mientras una mujer ejerce la prostitución se le niega el certificado de buena conducta y cuando deja de hacerlo la policía realiza consultas en el barrio donde vive para saber si es verdad que ya no ejerce esta actividad, explicaron.
Ese certificado, que expide el Ministerio del Interior, es necesario en Uruguay para conseguir un empleo público o privado, y obtener el pasaporte.
Las dirigentes de Amepu informaron que hay unas 6.000 mujeres que ejercen la prostitución en el país y recordaron que en 1995 fueron reconocidas como empresas unipersonales, lo que les permite jubilarse. Ramírez, de 57 años, es una de las pocas que accedieron hasta ahora a ese beneficio.
La reticencia a la legalizar la actividad de las prostitutas tiene, además del político, otros frentes opositores.
En octubre de 1996, cuando se realizó en San José de Costa Rica el Primer Encuentro de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica, se generó un debate público.
"No queremos que Costa Rica sea la sede de una lacra social como la prostitución y el congreso, en lugar de ayudar a corregir el mal lo está promoviendo", se quejó el sacerdote católico Minor Calvo, quien encabezó un movimiento opositor al encuentro.
Las meretrices enviaron un reclamo a Radhika Comaraswami, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, solicitando su protección y señalando casos concretos como el de Bolivia,
Las prostitutas bolivianas "son sometidas a un trato de esclavitud y se les exige pedir permiso al jefe de policía para salir de los lugares donde trabajan para hacer las compras, visitar a la familia o simplemente para pasear", dijeron.
En Bolivia, las trabajadoras sexuales han denunciado que son extorsionadas por la policía para poder ejercer la prostitución en las calles. Como no están agremiadas, tienen dificultades para luchar por sus derechos.
El ingreso de las prostitutas cayó en los últimos años en ese país, debido a disposiciones que limitan la actividad nocturna para reducir el consumo del alcohol y desminuir los accidentes de tránsito. Esa situación fuerza al ejercicio clandestino de la prostitución con una consecuente merma del control sanitario.
En Brasil, donde la recesión provocó un aumento del número de prostitutas al tiempo que disminuyó la edad en que las mujeres comienzan a ejercer el trabajo sexual, también existe un movimiento destinado a legalizar y dignificar la actividad.
Ese movimiento está encabezado por Gabriela Ferreira, una socióloga ex prostituta que trabaja en el no gubernamental Instituto de Estudios de la Religión.
En la capital de Argentina, el número de trabajadoras sexuales aumentó de 4.000 en 1995 a unas 10.000 en la actualidad. El desempleo empuja a muchas mujeres a volcarse a esa actividad, dijeron integrantes de la Asociación de Meretrices Argentinas (Amar).
Amar, en la que participan activamente unas 300 mujeres, ha denunciado la extorsión a que las somete la policía. En caso contrario son llevadas detenidas y muchas veces reciben fuertes castigos. Esto ha llevado a la proliferación de supuestas casas de masaje que funcionan en locales no autorizados.
En Uruguay ocurre una situación simimlar. Sólo en Montevideo funcionan unas 100 casas de masajes que carecen de habilitación, por lo cual tanto el gobierno muncipal como el Ministerio de Salud Pública no pueden ejercer el control correspondiente.
La policía tampoco puede perseguir el ejercicio encubierto de la prostitución porque para ello se requiere una orden judicial de allanamiento y demostrar que la persona a cargo del lugar se beneficia con el trabajo sexual de otras personas.
"Si pudiéramos comprobarlo cualquiera condenaría a la responsable por proxenetismo, un delito que tiene un mínimo de prisión de dos años", dijo un funcionario policial.
Administradoras de casas de masajes dijeron a IPS que algunas de sus empleadas son masajistas diplomadas. Otras son empleadas estatales que al terminar su jornada laboral "vienen aquí para aumentar sus escasos ingresos" y "nosotras no estamos para controlar lo que hacen con sus clientes", afirmó una de ellas. (FIN/IPS/rr/dm-ag/hd-pr/98
