El gobierno de Malasia esbozó un plan para salvar la red estatal de salud de este país, en rápido deterioro, pero los críticos advierten que la privatización es un tratamiento para un mal diagnóstico del sistema.
A medida que crecen las preocupaciones sobre los cambios propuestos, 30 unas organizaciones no gubernamentales (ONG) se unieron con un Manifiesto de la Salud del Ciudadano, que será lanzado el 7 de marzo, llamando a mayor transparencia en los planes estatales para la atención de la salud.
Las ONG temen que la privatización planificada y la privatización de instalaciones y servicios estatales de salud sólo agrandarán la brecha entre quienes pueden pagar la atención médica y quienes no.
La red estatal de salud de Malasia operó muy bien en el pasado, poniendo a disposición de los malasios tratamientos de bajo costo. Durante las últimas dos décadas, el sistema de salud, con fuertes subsidios, logró una impresionante cobertura de la atención primaria de la salud para los 21 millones de personas del país.
Con 118 hospitales, 33.818 camas y 2.875 clínicas, la red hizo que Malasia lograra índices de salud casi a la par de los países más desarrollados.
Pero muchas de las instituciones de salud del Estado enfrentan ahora una crisis de personal, y con ella, una crisis de confianza. El reformador social Chan Chee Khoon afirma que "el principal problema es el flujo de personal al sector privado".
En los últimos años, un creciente sector privado de la salud atrajo a médicos y personal de salud de los hospitales, quienes a menudo se quejaban de bajos salarios y pobres condiciones laborales.
Como resultado del éxodo, el personal que permanece en las instituciones públicas tiene una carga más pesada de trabajo, lo cual a su vez contribuye a bajar la calidad del servicio.
Se ha consolidado en Malasia un círculo vicioso en que la insatisfacción con las instituciones estatales lleva a los más adinerados a los hospitales privados. En 1996, Malasia tenía 203 hospitales y maternidades privadas, con un total de 7.500 camas.
Las autoridades reconocen la desmoralización de los trabajadores estatales de la salud, pero alegan que la financiación de los servicios se volvió una carga para el gobierno, que la dejó al sector privado.
Ciertos servicios de apoyo a los hospitales y el almacén médico del gobierno, que distribuye medicinas a las clínicas y hospitales estatales, ya fueron privatizados.
En la misma tendencia, el gobierno planifica privatizar los hospitales estatales, con el argumento de reestructurarlos en unidades más autónomas y eficientes que puedan obtener dinero para retener al personal.
Entre las primeras instituciones estatales en lista figura el Instituto Nacional del Corazón.
El gobierno espera además reducir los gastos en salud, mientras un estudio oficial recomendó la instalación de un fondo nacional de salud para financiar servicios de atención médica.
En el presupuesto de 1998, unos 161,5 millones de dólares se asignaron a los servicios de salud.
Mientras el gobierno asegura que financiar los servicios de salud es una carga, los activistas replican que el gasto estatal en la salud es ahora muy pequeño. En 1990, el presupuesto de salud fue 1,7 por ciento del producto interno bruto (PIB). Pero en 1994, la cifra había caído a 1,4 por ciento.
"A pesar de lo que dice el gobierno, no es un sobregasto", dijo Chan, quien también es profesional universitario especializado en políticas de salud. "Los recursos inadecuados condujeron a una caída de la calidad del servicio".
Los activistas quieren garantías de que las reformas propuestas resultarán en servicios de salud accesibles y efectivos para todos. La instalación de un fondo de seguridad para la salud, por ejemplo, alteraría drásticamente la estructura de la atención de la salud y su financiación.
Algunos activistas señalan que en países donde los seguros de salud privados y obligatorios son importantes, los costos de la atención de la salud se dispararon, en especial porque este sistema estimula a los asegurados y los proveedores a utilizar los servicios de salud con pocas restricciones.
Otros se preguntan si la privatización es sólo el primer paso a la privatización total de hospitales públicos sin fines de lucro en Malasia. Los escépticos temen que esto implique los hospitales no rindan cuenta de su situación al gobierno y al públiico.
Una alternativa sugerida a los planes del gobierno fue la descentralización de mayores responsabilidades de salud y poder de recolección de ganancias a gobiernos locales. En Suecia y Canadá, los gobiernos provinciales, estatales y de condado asumen la responsabilidad directa de la atención de la salud.
"Debe haber un reconocimiento de parte del sector público de formas que fortalezcan y promuevan la moral", dijo Chan, quien ayudó a elaborar y publicitar el Manifiesto de los Ciudadanos.
Los activistas afirman que simplemente no hay forma de que el gobierno se libere de los gastos en salud. Como declara el Manifiesto, "el gobierno debe descartar la noción de que la privatización eliminará o reducirá el papel del gobierno en la atención de la salud, particularmente en su financiación". (FIN/IPS/tra-en/an/cb/js/lp/he-dv/98
