Organizaciones humanitarias apoyaron hoy con reservas el nuevo proyecto de ley sobre inmigración votado por el parlamento de Italia después de un año de debate.
Sergio Briguglio, coordinador de la organización católica Caritas, destacó que el proyecto, aprobado el jueves en última instancia legislativa por el Senado, concede a los inmigrantes permiso ilimitado de residencia en Italia después de cinco años de permanencia regular.
Pero Briguglio puntualizó que la iniciativa no permite la legalización automática de los 200.000 inmigrantes clandestinos que habría en el país. Hay en total 1,2 millones de extranjeros en Italia, según cifras oficiales.
El proyecto votado prevé la expulsión inmediata de los extranjeros con antecedentes delictivos o que carezcan de algún tipo de documento de identidad, como el pasaporte de su propio país.
Aunque no contempla la legalización automática de situaciones irregulares, como exige Briguglio, el proyecto otorga la posibilidad de tramitar el permiso de residencia a quien pueda demostrar que estaba en Italia antes de su promulgación por el Poder Ejecutivo.
Para obtener el permiso, los ilegales deberán demostrar que disponen de empleo y que no han cometido delito.
El ministro del Interior, Giorgio Napolitano, presentará dentro de tres meses al parlamento un informe sobre los "extracomunitarios" ilegales, en que indicará las actividades que desarrollan y su distribución en el territorio nacional
En 1997, según un informe oficial, fueron denunciados por diversos delitos 47.792 inmigrantes. Más de 40 por ciento de las denuncias se refirieron a delitos vinculados a la prostitución, 22,35 a los estupefacientes y 15,4 a delitos contra la propiedad.
Los extranjeros representan el 28,4 por ciento de la población carcelaria.
En cuanto al origen de los inmigrantes, 40 por ciento proceden de Europa, y de ellos, dos tercios del este del continente. Treinta por ciento son norafricanos, 16 por ciento asiáticos y 14 por ciento llegaron a Italia desde el hemisferio americano.
Los 15 países de la Unión Europea (UE) albergaban en 1995 a 18,1 millones de extranjeros, de los cuales 80 por ciento eran extracomunitarios. Alemania figura en el primer lugar con siete millones de inmigrantes, seguida de Francia (3,5 millones) y Gran Bretaña (2,2 millones).
Un grupo de peruanos, consultados por IPS, que declararon ganarse la vida con trabajos esporádicos, se manifestaron desconfiados ante el proyecto aprobado por el parlamento.
Los peruanos informaron que esperarán que otros se presenten a la policía para regularizar su situación, para ver el resultado, antes de pedir permiso de residencia. Su problema es que carecen de trabajo regular.
"A nosotros", dijo uno de ellos, que pidió no ser identificado, "nos dan trabajo siempre y cuando seamos ilegales, porque si no, les costamos demasiado".
"No están dispuestos a pagarnos las contribuciones y los demás derechos que tienen los (trabajadores) italianos, y por eso nos vemos obligados a ser ilegales", explicó.
El proyecto de ley, que fue resistido por la oposición de derecha y el movimiento separatista de la Liga Norte, prevé un sistema de cuotas para el otorgamiento de permisos de trabajo a inmigrantes extracomunitarios, en función de las exigencias del mercado del trabajo.
Las cuotas se decidirán cada año. Extracomunitarios son aquellos que proceden de fuera de la UE, pero el uso común identifica como tales sólo a inmigrantes del Sur en desarrollo y de Europa oriental, y no de Estados Unidos o de Noruega, por ejemplo.
Se prevé también el reencuentro familiar, para lo cual los interesados deben demostrar que su pariente en Italia cuenta con ingresos suficientes para el sustento de todos.
El gobierno centroizquierdista presentó el proyecto de ley al parlamento el 19 de febrero de 1997, pero la resistencia del bloque de derecha y de la Liga Norte demoró su aprobación hasta este jueves.
Tom Benettollo, presidente nacional del grupo Solidaridad, que se ocupa de los inmigrantes, se declaró satisfecho porque "el Estado ha asumido una importante cuota de responsabilidad frente a los inmigrantes".
La inmigración ya no se considera un problema de orden público, sino "un fenómeno estructural, al que es necesario dar una respuesta, con descripción de los derechos y los deberes de los extranjeros", a quienes es preciso reconocer "su aporte cultural y económico a nuestro país", señaló Benettollo.
En su opinión, es particularmente importante la creación de la carta de permiso de residencia ilimitada después de cinco años y la plena afirmación de los derechos a la instrucción, a la salud, a la tutela familiar y del menor.
Mientras, la senadora María Grazia Siliquini, de la derechista Alianza Nacional, criticó la iniciativa, afirmando que "incluso privilegia a los ciudadanos 'extracomunitarios' respecto de los italianos desempleados".
La ministra de la Solidaridad Social, Livia Turco, dijo que se trata de una ley "importante", que detalla los derechos y deberes de los inmigrantes y concede a éstos "iguales oportunidades que a los italianos". (FIN/IPS/jp/ff/pr/98
