El asesinato de dos jóvenes dedicados a la rehabilitación de pandillas juveniles parece marcar el resurgimiento de los escuadrones de la muerte de los años 80, una época de sangrienta represión.
Mario Enrique Escalante, de 22 años, y Wilmer Fredy Pérez, de 20 años, fueron muertos el martes en un campo de fútbol de la marginal colonia San Francisco, de la capital, donde trabajaban desde hace tres años en la rehabilitación de jóvenes infractores.
Los cadáveres fueron hallados por vecinos de la zona, quienes responsabilizaron a los escuadrones de la muerte que desde hace algunos meses operan en la colonia San Francisco para "aniquilar" las "maras" (pandillas).
Reina Amador, una habitante de la zona, dijo que la gente del lugar sabe que la policía militarizada "tiene estos escuadrones, y este crimen fue cometido por la misma autoridad".
Amador agregó que Escalante y Pérez no eran "mareros" (pandilleros) como los han querido presentar, ya que se dedicaban a trabajar con jóvenes drogadictos y con otros problemas con el fin de "ayudarlos a vivir decentemente".
Los dos hombres asesinados pertenecían a la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) de Tegucigalpa, que realiza trabajos sociales a favor de la infancia y la juventud en los barrios marginales de la capital.
Escalante era integrante además del partido de izquierda Unificación Democrática (UD), cuyo máximo dirigente, Matías Funes, exigió la investigación exhaustiva de un caso que calificó de "típica ejecución extrajudicial selectiva".
Funes agregó que los cuerpos de ambos jóvenes presentan evidencia de tortura y su ejecución es "igual a las practicadas durante los años 80, cuando los grupos paramilitares hacían desaparecer gente".
La muerte de Escalante y Pérez causó consternación entre sectores sociales que exigieron a la junta interventora de notables que fiscaliza la policía militar, previo a su traspaso a la órbita civil en mayo, la investigación de los hechos.
Tres semanas atrás, dos pandilleros fueron también asesinados en la norteña ciudad de San Pedro Sula y las pesquisas preliminares señalan como posibles autores a grupos paramilitares.
El retorno de la ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes se produce en momentos en que se discute un proyecto de amnistía a militares implicados en la desaparición forzada de personas y de violaciones a los derechos humanos en la década del 80.
El parlamento también discutirá en los próximos días el proyecto de ley orgánica de la nueva policía civil. Los militares aspiran a seguir siendo parte de su estructura.
La opinión de los legisladores respecto de la amnistía a militares están divididas y los grupos de defensa de los derechos humanos anunciaron que demandarán internacionalmente al Estado si se concreta "el olvido y el perdón".
La lucha de las organizaciones humanitarias no será fácil. Se advierte en el país un clima político propenso a beneficiar a los militares luego de que este miércoles, el presidente del Congreso, Rafael Pineda, se pronunciara a favor del perdón.
Pineda dijo que el país no puede vivir en "guerra entre unos y otros. La amnistía debe favorecer tanto a los de izquierda como a los de derecha y, por tanto, debe ser amplia e incondicional". (FIN/IPS/tm/ff/hd/98
