La Unión Europea (UE) colaborará con Honduras en la modernización del Estado y los grandes objetivos económicos que impulsa el gobierno de Carlos Flores, afirmó hoy el director de cooperación del bloque, Santiago Gómez.
El representante europeo concluyó este miércoles una visita de cuatro días al país, en el curso de la cual mantuvo varias entrevistas con el presidente Flores y otros altos funcionarios gubernamentales.
Gómez dialogó con el gobierno sobre la calidad y la intensidad de la cooperación que brinda la UE a este país, que actualmente alcanza los 102 millones de dólares anuales.
Los fondos fueron destinados a solventar un paquete de proyectos para fortalecer los sistemas de salud y educación y para el desarrollo rural integrado, particularmente en zonas de frontera con El Salvador y con Guatemala donde se registran los más altos niveles de pobreza.
La UE es el organismo que presta la mayor cooperación para impulsar labores productivas y mejorar las tecnologías agrícolas en Hondcuras, en especial en aquellos lugares donde fueron asentados más de 20.000 refugiados salvadoreños que huyeron de la violencia política en su país en la década del 80.
Gómez, de origen español, y Dieter Koning, embajador de la UE para América Central, luego de visitar una serie de proyectos de desarrollo rural integrado expresaron su satisfacción por la marcha de los mismos.
Durante las conversaciones con el representante de la UE, el presidente Flores le transmitió su interés en obtener ayuda para los planes de modernización del Estado.
"Este es un buen planteamiento, ya que un Estado moderno es más eficiente y ágil para resolver los progremas en materia económica, política y social", dijo Gómez.
En 1992 el gobierno dirigido en ese entonces por Rafael Callejas creó una comisión especial integrada por ex presidentes y representantes de diferentes sectores sociales que dio comienzo a un proceso de cambios en la estructura estatal, similar al que encaraban otros países latinoamericanos.
De ese ámbito salieron una serie de propuestas y proyectos de ley para reestructurar los tres poderes del Estado. La mayoría de ellos se encuentra en el Congreso para su discusión.
El parlamento aprobó en diciembre la Ley de la Administración Pública que implicó la fusión o cierre de varias dependencias gubernamentales y redujo a 13 las secretarías de Estado.
La reforma al sistema judicial y la legislación penal-procesal está aún pendiente de discusión y figura en la agenda del Congreso para este año.
El sistema judicial es altamente politizado, ya que es el parlamento el que elige a los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en lo que se ha transformado en un virtual reparto político.
La legislación procesal-penal, por otra parte, contempla juicios por escrito, generalmente secretos e inquisitivos. La lentitud de este sistema derivó en que de los 10.000 reclusos que hay en el país sólo un millar cuenta con sentencia firme.
Los críticos del sistema señalan que la lentitud de la justicia genera corrupción. Mientras la mayoría de la población carcelaria no tenga condena se incrementa el riesgo de fugas y motines, como ocurrió en 1997 y a principios de 1998 cuando se produjeron levantamientos en la mayoría de las cárceles del país.
La propuesta para cambiar el sistema del Poder Judicial contempla juicios orales y públicos bajo un esquema acusatorio, frente a un panel de jueces que propondrá al titular del juzgado las respectivas sentencias.
También se ha propuesto la reforma del sistema electoral para ampliar y mejorar la participación de los ciudadanos. (FIN/IPS/jrd/dm/if-ip/98
