Los políticos de Honduras se han polarizado entre la militarización y la democratización de la policía, que se debatirá a partir de la semana próxima en el Congreso.
Con la aprobación de una ley al respecto concluye el traspaso de la policía del sector militar al civil, iniciado en 1995 en un proceso que se complicó por la oposición inicial de las fuerzas armadas, todavía con un fuerte protagonismo en la vida del país.
Antes del traspaso, la Fuerza de Seguridad Pública (FSP) era una rama de las fuerzas armadas que desempeñaba las labores de policía para garantizar la vida y los bienes de las personas.
Pero muchos de sus oficiales y agentes fueron involucrados en graves violaciones de derechos humanos y aun en delitos comunes, lo que le granjeó un gran desprestigio a la institución.
El proyecto de ley que se presentará al Congreso la próxima semana crea la Policía Nacional como institución permanente del Estado, independiente de partidos políticos y de naturaleza civil.
Sus funciones, según la iniciativa, serán velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate del delito y la protección de la vida y los bienes de las personas, con estricto apego a los derechos humanos.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la fusión bajo el mando único del Ministerio de Seguridad de las dos policías existentes en el país, la FSP, con funciones de prevención, y la Dirección de Investigación Criminal (DIC), hoy dependiente del Ministerio Público.
En el seno del Congreso unicameral hay un acuerdo general favorable a la fusión de las dos policías, pero el Foro Ciudadano, coalición de 18 organizaciones de la sociedad civil, propuso mantener la DIC bajo el mando del Ministerio Público.
El Foro Ciudadano se declaró en sesión permanente, mientras que el comisionado nacional de Derechos Humanos, Leo Valladares, expresó su preocupación por un retorno a los errores de un pasado en el que la policía cometía atrocidades.
Otro punto en debate es si debe descartar a los militares, incluso a los retirados, para dirigir la Policía Nacional.
La presidenta de la Asociación de Docentes de la estatal Universidad Nacional, Julieta Castellanos, dijo que el director de la policía debe ser un civil de alta honorabilidad y respetuoso de los derechos humanos.
Castellanos también demandó la completa desmilitarización del nuevo organismo.
El proyecto de ley establece que los miembros de la FSP pasarán a ser miembros de la policía, mediante un proceso de selección y depuración.
Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos- Desaparecidos, criticó al presidente Carlos Flores por impulsar una ley que "va en contra de los intereses del pueblo".
Según Oliva, la norma descarta una depuración, en particular de aquellos oficiales y agentes que se involucraron en graves violaciones de derechos humanos en el pasado.
"Si queremos volver al tiempo de las torturas físicas y sicológicas, pues quedémonos sentados y dejemos que la Cámara Legislativa apruebe el proyecto de ley que tiene una fuerte influencia militar", dijo Alba Mejía, presidente del Comité de Mujeres Visitación Padilla, integrado al Foro Ciudadano.
El presidente del Comité de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, dijo que la DIC debe continuar en el Ministerio Público, pero si se tienen reservas sobre este organismo se las debe elevar a un organismo autónomo, dependiente de la Cámara Legislativa.
"Lo peor que le puede pasar al pueblo es que la ley que se debatirá en la Cámara Legislativa sea aprobada a medianoche para que el pueblo no se movilice, conviertiendo la seguridad pública en inmunidad para los delincuentes", comentó Custodio.
El presidente de la Cámara Legislativa, Rafael Pineda, sostuvo que lo más conveniente es la fusión de las policías bajo un mando único para evitar los roces que se registraron entre la FSP y la DIC en los últimos tres años.
La DIC fue creada en 1994, tras la disolución de la temida Dirección de Investigaciones Nacionales, una dependencia de la FSP.
Al iniciar sus operaciones, la DIC desmanteló varias bandas de ladrones de vehículos y asaltantes de bancos dirigidas por ex integrantes de las fuerzas armadas y de la FSP. Esto generó fuertes roces.
El Congreso consultó a todos los sectores sociales para la elaboración del proyecto de ley, pero aún esta abierta a recibir observaciones e incorporarlas, dijuo Pineda.
Pero el Foro Ciudadano convocó a una movilización popular para que la ley sobre la policía no sea aprobadada con fallas.
La FSP tiene 6.000 agentes y la DIC, 1.000. Las autoridades aspiran a dotar a la nueva policía con un presupuesto de 35 millones de dólares y elevar el número de efectivos a unos 12.000 para proteger a más de seis millones de habitantes. (FIN/IPS/jrd/mj/ip hd/98
