Una importante reducción en la lista de medicamentos que hasta hoy eran abonados por la sanidad pública en España provocó la inmediata reacción de sindicatos, oposición parlamentaria y asociaciones de consumidores.
El gobierno del centroderechista José María Aznar dio a conocer este miércoles una lista de 869 fármacos que los afiliados a la seguridad social deberán abonar íntegramente a partir de ahora.
Esas medicinas estaban beneficiadas con 40 por ciento de descuento, si eran prescriptos por médicos del Sistema Público de Salud y las recetas extendidas en los formularios pertinentes.
El gobierno pretende ahorrar con la medida unos 200 millones de dólares anuales. La mayoría de los medicamentos excluidos son recetados para enfermedades leves, como analgésicos, antibióticos, expectorantes y antidiarreicos.
Según el Ministro de Sanidad, José Manuel Román Beccaría, de los 869 medicamentos excluidos, unos 300 ya han dejado de producirse y sólo se venderán en farmacias hasta que se cumpla su fecha de caducidad.
Además, Román Beccaría explicó que el Ministerio ha apostado por los medicamentos genéricos, que contienen el mismo principio activo que la marca original, pero cuestan 40 por ciento menos. Estos medicamentos serán vendidos este año en las farmacias.
La portavoz del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Angeles Amador, dijo que la medida es "una barbaridad" y en términos similares se expresó Angeles Maestro, portavoz de la coalición Izquierda Unida (IU), quien anunció que propondrá a las asociaciones de enfermos una "respuesta contundente".
También las organizaciones de consumidores, de jubilados y de pensionistas criticaron la medida.
Las dos mayores centrales sindicales españolas, Comisiones Obreras (CC.OO., de origen comunista) y la Unión General de Trabajadores (UGT, socialista) se sumaron a las críticas, por considerar que afecta fundamentalmente a los jubilados y pensionistas.
El líder de UGT, Cándido Méndez, señaló que la medida perjudica principalmente a los pensionistas.
La exclusión de medicamentos de la lista financiada por la sanidad pública comenzó en 1993, bajo el gobierno del socialista Felipe González. La medida, que se conoció como "el medicamentazo", provocó también protestas de los afectados.
El Ministerio de Sanidad justificó este miércoles la exclusión de esos medicamentos por su bajo poder terapéutico.
CC.OO. admitió que determinados medicamentos deben ser excluidos de la financiación por el Estado, pero rechazan el método. El gobierno, sostiene, debería haber negociado con representantes de los usuarios en vez de retirar unilateralmente grupos terapéuticos completos.
Esos grupos no son utilizables en patalogías graves, pero su uso es necesario para complementar otros tratamientos para prácticamente toda la población, añade. Por eso, este "segundo medicamentazo", según CC.OO., "significa un retroceso evidente e injusticable y es una agresión a los más desfavorecidos".
La central sindical entiende que la medida se debe a que el gobierno ha cedido ante las presiones de la industria farmacéutica.
Esta medida deja en ridículo, según CC.OO., a dirigentes del gobernante Partido Popular, como el diputado Enrique Fernández Miranda, que en ocasión del primer medicamentazo, en 1993, prometió que cuando cambiase el gobierno anularía la reducción de la lista. Pero ha ocurrido lo contrario. (FIN/IPS/af/ag/ip-he/98
