El conflicto vasco, cuya expresión más visible son los atentados de la organización ilegal ETA, parece carecer de un final a corto plazo.
Toda España sigue conmovida por el asesinato de un concejal sevillano, Alberto Jiménez Becerrill y de su esposa, ambos de 37 años y abatidos de sendos balazos en la nuca el viernes 29 en Sevilla, capital de Andalucía.
Pero ni las masivas manifestaciones de repulsa, en Sevilla y otras capitales españolas, incluidas las del País Vasco, lograron una respuesta política unánime que permita prever un fin a corto plazo del violento accionar de ETA.
Esa organización cuenta con el apoyo de la coalición independentista Herri Batasuna (HB), que en las últimas elecciones obtuvo el 15 por ciento de los votos en el País Vasco.
Todos los demás partidos vascos, y los del resto de España sin excepción, condenan los atentados de ETA. Sin embargo, no coinciden en las fórmulas propuestas para que cese la violencia.
El presidente del moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV, mayoritario en aquella región y que gobierna en coalición con el Partido Socialista), Xavier Arzallus, dice que la solución "es enormemente difícil". Además, desafió "al que se le ocurra una solución, que levante el dedo y la diga".
Las propuestas van desde un extremo planteado por HB al otro, sustentado por el gobierno español presidido por el centroderechista José María Aznar.
HB plantea que se entablen negociaciones entre ETA y el gobierno central para resolver sobre "la soberanía del pueblo vasco". Una soberanía que, entienden, debe conducir a la independencia.
El gobierno sostiene que no cederá y que para "dialogar" (no negociar, sino hablar) es preciso que antes ETA "deje de matar". Al mismo tiempo, Aznar afirma que la represión contra los etarras será dura, "pero siempre en el marco de la ley".
Esas últimas palabras aluden al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), bajo cuyo gobierno (1983-96) se practicó una "guerra sucia" y, al mismo tiempo se negoció con la dirección etarra, primero en secreto y después en público. En ambos casos los resultados no fueron positivos.
Entre los dos extremos se ubica el PNV, una escisión suya – Eusko Alkartasuna- y un sector de la Iglesia Católica. El PNV condena la violencia etarra, pero comparte la demanda de autodeterminación, aunque sea a largo plazo.
La Iglesia Católica del País Vasco también se ubica en el medio, tanto que el Consejo Prebisteral de Vizcaya, la provincia vasca más poblada, pidió al obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, que se abstenga de oficiar funerales por las víctimas de ETA.
Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, un concejal del PP en la ciudad vasca de San Sebastián muerto también de un balazo en la nuca, es terminante en su respuesta.
Ordóñez, militante del PP, dijo que si los obispos no quieren asistir a los funerales que no asistan, pues "siempre han estado más cómodos en el lado de los verdugos que en el de las víctimas".
Un tercer espacio lo han abierto las organizaciones no gubernamentales. La más desarrollada, Gesto por la Paz, reunió a 50.000 personas en Bilbao, el viernes, para reclamar el fin de la violencia y condenar el asesinato del matrimonio sevillano.
Gesto por la Paz plantea que la violencia debe terminar cuanto antes y que la solución a los problemas políticos debe buscarse por los caminos constitucionales.
La Fundación Carter, que presiden el ex presidente de Estados Unidos James Carter y el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, intentaron mediar en 1997, también sin resultados.
Mientras, los dirigentes etarras presos enviaron una carta a personas de su entorno, pidiéndoles que ETA siga siendo "dura", contra el PP y sus cuadros políticos. Por ello, el conflicto parece no tener un fin a corto plazo. (FIN/IPS/td/dg/ip/98
