La Asamblea Nacional de Ecuador instalada en diciembre para reformar la constitución presentó hoy las normas que regirán las elecciones generales de mayo, ante las que los partidos manifiestan escepticismo o esperanza.
"Las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional son un avance concreto para asegurar la gobernabilidad del Ecuador y darán mayor confiabilidad al proceso electoral", dijo el presidente del órgano y líder de la Democracia Cristiana, Osvaldo Hurtado.
Hurtado, también ex presidente de Ecuador (1981-1984), sostuvo que aún quedan muchos asuntos pendientes que en los próximos días deberán ser resueltas por la Convención Constituyente, pero "las reformas ya aprobadas son una base importante".
Sin embargo, para algunos políticos como el aspirante a la presidencia del centroizquierdista movimiento Nuevo País Freddy Ehlers, las reformas constitucionales en materia electoral presentadas por la Asamblea dejan al descubierto "los problemas más graves del país".
La Convención se limitó a efectuar "un simple maquillaje sin trascendencia que deja las cosas igual", afirmó Ehlers.
"Se supone que la Asamblea se instaló para devolver el orden constitucional a Ecuador después de la destitución de Abdalá Bucaram, pero ha actuado de acuerdo a los intereses de los partidos políticos que la manejan", apuntó el precandidato.
Ehlers ocupó el tercer lugar en las elecciones de 1996, detrás del populista Bucaram y el derechista Jaime Nebot.
La Asamblea Nacional fue el resultado de una serie de propuestas originarias de movimientos sociales planteadas luego de la destitución de Bucaram por parte del parlamento en febrero de 1997.
Las principales reformas fueron discutidas por los asambleístas en dos meses de intensos debates y presentadas este viernes al Tribunal Supremo Electoral (TSC), que convocará a elecciones generales este domingo.
La Asamblea dispuso que las elecciones se celebren el 31 de mayo y que la segunda ronda se desarrolle en julio, como se ha hecho tradicionalmente.
Sin embargo, a partir de estas elecciones, la segunda ronda se producirá en caso de que ningún candidato a presidente logre más de 45 por ciento de los votos.
"Es un formulismo, porque ningún candidato tuvo nunca en Ecuador más de 45 por ciento de los votos", recordó Miguel Lluco, diputado del movimiento indigenista Pachakutik.
Lluco consideró que la reforma pretende "aplacar" al derechista Partido Social Cristiano (PSC), el de mayor presencia en el parlamento, que propuso la eliminación de la segunda vuelta electoral, "pues siempre resultaba ganador en la primera".
El período de gobiernos y el parlamentario continuarán siendo de cuatro años, pero en esta ocasión será de cuatro años y cinco meses.
El candidato a presidente que gane las elecciones asumirá sus funciones el 10 de agosto, como ha sido tradicional, pero abandonará el poder el 15 de enero del 2003. Los constituyentes consideraron que los futuros gobiernos deberían asumir el día en que comienza el período fiscal.
"No existen reglas para la inscripción de candidaturas de los movimientos independientes y eso es sumamente grave", apuntó Ehlers.
"Los movimientos estamos obligados a reunir miles de firmas antes del 31 de marzo", día en que concluye el período de inscripción, "y tenemos una guerra contra el tiempo y contra la Asamblea que prefiere postergar este y otros asuntos", según el precandidato.
La Asamblea aumentó, además, el número de parlamentarios de 82 a 121 y eliminó las elecciones intermedias.
De ese modo, "los gobierno de turno tendrán más posibilidades de gobernar", porque no se modificará la composición del Congreso, según Felipe Burbano, investigador de la Corporación de Estudios para el Desarrollo.
Se trata de un factor importante, pues "las elecciones intermedias siempre han causado problemas a los gobiernos que, por el descontento popular y por otros factores, pierden su mayoría en el parlamento y, por lo tanto, poder", según Burbano.
Un claro ejemplo fue el gobierno del socialdemócrata Rodrigo Borja (1988-1992), que al perder la mayoría en el parlamento en las elecciones intermedias se vio expuesto a una serie de juicios políticos contra sus ministros.
Entre 1990 y 1992, el gobierno de Borja enfrentó 19 juicios políticos y fueron destituidos ocho ministros de Estado.
La Asamblea Nacional debate ahora propuestas de reformas constitucionales para delimitar la capacidad del parlamento de enjuiciar a los funcionarios de gobierno.
"El parlamento debería iniciar un juicio con argumentos sólidos que se refieran a las políticas públicas", pues los proceso políticos en Ecuador se han convertido "en un instrumento de venganza política y ajuste de cuentas", concluyó Burbano.(FIN/IPS/mg/mj/ip/98
