Las partidas reservadas del gobierno de Ecuador se convirtieron otra vez en el centro de una serie de denuncias que implican a altos funcionarios, pese a que el presidente Fabián Alarcón había prometido eliminarlas.
El Ministerio de Gobierno utilizó unos seis millones de dólares de las partidas reservadas para "comprar los votos de legisladores y pagar a funcionarios que actualmente están prófugos de la justicia", denunció el diputado Miguel Lluco, del izquierdista Movimiento indigenista Pachakutik.
Lluco presentó ante la Comisión Anticorrupción del parlamento un detalle de los pagos con gastos reservados que habría hecho el ex ministro de Gobierno César Verduga.
Verduga ocupó el cargo desde la llegada a la Presidencia de Alarcón en febrero de 1997, tras la destitución de Abdalá Bucaram, y renunció para formar un partido político que dirige el mandatario.
"De ninguna manera se puede sostener que ese dinero fue utilizado para la seguridad externa o interna del país", aseguró Lluco, quien indicó que Verduga habría utilizado fondos del Estado para crear el nuevo partido, con el objetivo de participar en las elecciones presidenciales de mayo próximo.
Ante estas acusaciones, el presidente del parlamento, Heinz Moller, convocó a una sesión extraordinaria para el día 17.
El escándalo surgió cuando se denunció que una serie de funcionarios del gobierno, actualmente prófugos, habrían utilizado el nombre de varias Fundaciones para importar ropa y otros productos sin aranceles, que supuestamente serían donados a los damnificados del fenómeno del Niño.
Estos productos importados fueron vendidos en almacenes de lujo de la ciudad de Guayaquil, la mayor de Ecuador.
El uruguayo Eduardo Sierra, Coordinador de Donaciones para el Fenómeno del Niño, que depende del gobierno, es uno de los principales implicados en este fraude y su salario habría sido cubierto con fondos reservados.
Cuando Alarcón asumió la Presidencia, se comprometió a eliminar los llamados gastos reservados, destinados a la seguridad interna y externa del país. El Contralor General del Estado, Benjamín Terán, aseguró entonces que las partidas reservadas habían sido eliminadas del presupuesto.
Sin embargo, Terán confirmó esta semana que se había autorizado el uso de fondos reservados a los ministerios de Gobierno y de Defensa.
Los gastos reservados han sido objeto de graves cuestionamientos. El caso más polémico fue el protagonizado por el ex vicepresidente Alberto Dahik (1992-96), quien fue acusado de utilizar unos cinco millones de dólares de esos fondos para comprar votos de diputados y pagar favores al gobierno.
En octubre de 1995 Dahik enfrentó un juicio político en el parlamento del que resultó absuelto. Pocos días después presentó su renuncia y huyó a Costa Rica, al recibir una orden de captura que nunca se hizo efectiva.
"El país no puede seguir de escándalo en escándalo en materia de gastos reservados", dijo el presidente de la Comisión Anticorrupción, Ramiro Larrea, quien manifestó que "el ex ministro Verduga debe tener el mismo tratamiento que el ex vicepresidente Dahik". (FIN/IPS/mg/ag/ip/98
