Decenas de juicios políticos en el Congreso de Ecuador desde el retorno de la democracia en 1979 fueron afectados por el chantaje y la venganza, y han contribuido a la inestabilidad institucional, sostienen expertos.
En muy contadas ocasiones las interpelaciones parlamentarias tuvieron como objetivo cambiar las políticas gubernamentales consideradas equivocadas. La mayoría sirvieron para "ajustar cuentas" entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
La Asamblea Nacional que se instaló en diciembre para reformar la Constitución planteó la necesidad de modificar algunas leyes que facultan al parlamento a enjuiciar, censurar y destituir ministros.
"Esa situación se ha convertido en un verdadero problema para cualquier gobierno", comentó el jurista Ernesto Albán, presidente de la comisión que estudia el tema y analiza propuestas que van desde la eliminación hasta el fortalecimiento del control legislativo al gobierno.
La iniciativa que ha contado con mayor consenso es la que contempla la permanencia del juicio político y la censura parlamentaria, pero otorga al presidente la prioridad de destituir al funcionario, dijo el jurista.
Desde que el país nació a la vida independiente, a mediados del siglo pasado, "el Congreso tuvo la facultad de censurar a los ministros lo que significaba la destitución automática", explicó el historiador y también asambleísta Enrique Ayala.
La primera vez que se aplicó fue en 1883, durante el gobierno de Vicente Rocafuerte, cuando dos de sus ministros fueron censurados por haber emitido dos decretos que pretendían hacer más eficientes las recaudaciones fiscales.
"Aquellos decretos eran bastante acertados, pero los importadores de la ciudad de Guayaquil presionaron para su eliminación y los dos secretarios de Estado perdieron hasta sus derechos ciudadanos", recordó Ayala.
El Congreso ha realizado 56 interpelaciones desde 1979, de las cuales 19 concluyeron con la destitución de los ministros enjuiciados.
Felipe Burbano, investigador de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), dijo a IPS que el juicio político ha perdido sentido "porque sólo sirve para destituir a los ministros y no para cambiar las políticas de Estado, única razón que debería justificar a una interpelación".
"¿Qué políticas públicas pueden ser eficientes así?", se interrogó Burbano.
El Cordes, a través de su proyecto de gobernabilidad, está realizando un estudio sobre el efecto de las censuras parlamentarias en la estabilidad política, social y económica del país.
Michel Rowland, también investigador del Cordes, sostuvo que "la pugna de poderes entre el gobierno y el Congreso se dirime generalmente en los juicios políticos".
El gobierno de Rodrigo Borja (1988-92) es una clara muestra de esto. Cuando su partido perdió la mayoría paralmentaria, a mitad de su mandato, se sucedieron 19 interpelaciones, de las cuales ocho terminaron en censura, registrando el número de destituciones más altas desde el retorno a la democracia.
Las carteras que más fueron afectadas por las censuras en los últimos 18 años son las de Finanzas y de Energía.
Desde 1979 han existido 20 ministros de Finanzas, cinco de los cuales fueron censurados. Por el Ministerio de Energía han pasado también 20 titulares y seis fueron censurados.
En algunos casos, los juicios políticos "se han desarrollado entre la irracionalidad y la estupidez", comentó Andrés Vallejo, uno de los ministros destituidos de la administraicón Borja.
Varios ministros fueron interpelados en tres ocasiones "y otros fueron censurados después de haber renunciado, como en mi caso", apuntó Vallejo.
Es necesario encontrar un mecanismo de consenso que "haga más efectivos los juicios políticos", porque "quitarle de plano esa facultad al Congreso es dar mayor poder al presidente y ahí es cuando se cometen todo tipo de abusos", añadió.
Actualmente, cualquier diputado puede interpelar a un ministro a título personal y por cualquier razón, siempre y cuando la comisión de fiscalización del Congreso apruebe la petición de juicio.
Uno de los primeros pasos que la Asamblea Nacional tendría que dar para asegurar una mayor estabilidad, según el Cordes, es crear leyes más específicas donde se establezcan los motivos por los cuales un ministro puede ser sometido a juicio político. (FIN/IPS/mg/dm-ag/ip/98
