El gobierno de México pronuncia discursos nacionalistas contra la "certificación" de la política antidrogas del país a manos de Estados Unidos y el escrutinio internacional que despierta el conflicto en el estado de Chiapas.
En ambos casos, portavoces oficiales rechazan la "injerencia extranjera". Sin embargo, hacen lo necesario para obtener el aval internacional.
Funcionarios de México visitaron las dos últimas semanas a sus pares de Estados Unidos para conversar sobre el proceso de certificación al que Washington somete cada año, desde 1986, a poco más de 30 países, al tiempo que apuraron la firma de una estrategia bilateral antidrogas.
Aunque critican el polémico proceso, al que consideran "contrario al espíritu de cooperación y violatorio de la soberanía", los sucesivos gobiernos han calificado como "lógica" la certificación que obtuvieron en cada uno de los últimos 12 años.
Washington divulgará antes del 1 de marzo el nuevo listado de países certificados. Los que sean "descertificados" sufrirán recortes en la cooperación y asistencia financiera internacional en las instituciones donde el voto estadounidense es decisivo.
Blanco de críticas de los países evaluados, la certificación es ahora cuestionada incluso por los propios responsables de la política antidrogas de Washington y por investigadores y académicos que la consideran ineficaz y generadora de tensiones.
"La certificación es un asunto interno de Estados Unidos. Así como México respeta las leyes de otros países, también esperamos que otros países respeten nuestras leyes", dijo la canciller de México, Rosario Green.
A pesar de los escándalos de corrupción en la lucha contra las mafias y de los informes del Departamento de Estado (cancillería) que identifican a México como principal ruta de la cocaína e importante fuente de marihuana, heroína y metanfetaminas, se espera que Washington certifique de nuevo a su vecino este año.
Pero hay dudas de que se obtenga una "certificación" tras la investigación que desde el lunes y durante 10 días realiza en México la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos en torno al conflicto en el estado de Chiapas, en el extremo sur del país.
Luego de la matanza de 45 indígenas en diciembre, el gobierno de Ernesto Zedillo recibió una ola de críticas procedentes de México y del extranjero por su actuación ante el conflicto y demandas para permitir una investigación internacional.
Las autoridades rechazaron en una primera instancia cualquier tipo de injerencia sobre Chiapas por razones de soberanía, pero luego anunciaron que "tomaban nota" de los pronunciamientos.
Cerca de 200 observadores de 10 países europeos y americanos realizan en México un informe para los parlamentos de los países de la Unión Europea. Los integrantes de la comisión se reunirán con representantes de la Iglesia, autoridades, políticos y dirigentes de grupos humanitarios.
El informe será un elemento para que los europeos decidan si el gobierno de México está cumpliendo con la cláusula sobre derechos humanos incluida en el esquema de negociaciones de un acuerdo de libre comercio.
Los observadores descubrirán "sin duda" que parte de la violencia e inestabilidad social que reina en Chiapas es consecuencia de la "guerra de baja intensidad" que el gobierno aplica contra la guerrilla zapatista, según grupos humanitarios mexicanos.
Mientras los observadores indagan, otros extranjeros que visitan Chiapas son investigados. Las autoridades dicen sospechar que muchos se están involucrando en asuntos internos de México. El Instituto de Migración expulsó en las últimas dos semanas a dos estadounidenses por permanecer "ilegalmente" en Chiapas.
Al mismo tiempo, un sector de la prensa y partidos de derecha criticaron la presencia de extranjeros en el estado sureño.
"Es humillante que el gobierno permita que un grupito de vagos extranjeros imponga condiciones a los mexicanos", expresó el senador del conservador Partido Acción Nacional, José Angel Conchelo.
Desde la irrupción de la guerrilla zapatista en enero de 1994, centenares de extranjeros, entre turistas, activistas de organizaciones no gubernamentales, académicos y simpatizantes del grupo armado, han visitado Chiapas.
Los extranjeros que violan sus permisos migratorios y en consecuencia la soberanía mexicana "son un factor que ha venido complicando y entorpeciendo la solución al asunto en Chiapas", dijo el subsecretario (viceministro) de Gobernación (Interior), Fernando Solís.
El gobierno vigilará y en su caso expulsará de Chiapas a los extranjeros que se involucren en cuestiones políticas, mientras brindará las facilidades e incluso otorgará audiencia a quienes se acrediten debidamente en proyectos como el de la comisión internacional, aseguraron las autoridades. (FIN/IPS/dc/mj/ip hd/98
