El gobierno de Bolivia afirmó que una eventual decisión de Estados Unidos de reducir su ayuda antidrogas a este país podría afectar el programa para erradicar los cultivos de coca en los próximos cinco años.
Según informes procedentes de Washington, el presupuesto para 1998 elaborado por el Departamento de Estado contempla un recorte de la ayuda económica para la lucha contra las drogas en Bolivia de 48,2 millones de dólares a sólo 12 millones.
En su primera reacción ante ese sorpresivo anuncio, el gobierno boliviano decidió enviar a Washington una misión especial encabezada por el vicepresidente Jorge Quiroga e integrada por el canciller Javier Murillo y el ministro de Gobierno (Interior) Guido Náyar.
Esa misión expondrá a fin de mes ante parlamentarios y autoridades del gobierno de Estados Unidos los logros bolivianos en materia de erradicación de coca y su "plan quinquenal" de lucha antidrogas.
El plan antidroga impuesto el 20 de enero plantea, entre sus objetivos principales, eliminar todas las plantaciones de coca destinadas al narcotráfico antes del 2002.
Si se cumplen las previsiones del gobierno, ese año Bolivia habrá abandonado el triángulo andino de países productores de coca y cocaína, en el que también se incluyen Colombia y Perú.
El canciller Murillo advirtió el jueves que una reducción de la cooperación antidroga no sería coherente con el principio de responsabilidad compartida entre las naciones frente a un problema como el narcotráfico.
"Este (el narcotráfico) es un tema que no es de interés exclusivo de Bolivia sino de la comunidad internacional", aseguró el ministro al advertir que un recorte de la ayuda económica restaría eficacia a los esfuerzos bolivianos para combatir el comercio de las drogas.
Las propias autoridades estadounidenses habián elogiado en las últimas semanas el esfuerzo de Bolivia para cumplir con metas específicas de erradicación de cultivos de coca.
El director de la oficina de control de drogas de Estados Unidos, Barry McCafrey, dijo en Washington el 31 de enero que por primera vez en una década Bolivia "ha logrado significativos avances en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico".
La embajada de Estados Unidos en La Paz no negó ni confirmó el posible recorte presupuestario.
"Hasta que el Congreso (de Estados Unidos) no haya aprobado el presupuesto, no hay nada fijo y todo puede variar", señaló la representación diplomática.
En tanto, Guido Náyar reconoció que de confirmarse ese recorte, Bolivia tendría serias dificultades para cumplir con el plan quinquenal contra las drogas, que requiere 952 millones de dólares en cinco años.
Para ejecutar ese plan, que además de la eliminación de la coca prevé estrategias de desarrollo alternativo para los campesinos, el gobierno de Hugo Banzer daba por seguro el aporte de Estados Unidos, que en cinco años sumaría 250 millones de dólares.
El Estado boliviano asumiría 161 millones de dólares y otros 541 millones de dólares deberían ser conseguidos con ayuda de la Unión Europea, organismos bilaterales y multilaterales.
El aspecto más novedoso del plan es la eliminación paulatina de la compensación económica por destrucción de plantaciones. Desde 1988, la estrategia de erradicación voluntaria contemplaba una compensación al campesino de 2.500 dólares por cada hectárea de coca destruida en forma voluntaria.
Pero esta política fracasó. Tras una década en la que se invirtieron 85 millones de dólares en compensar a los cocaleros, los cultivos se han reducido en sólo 1,7 por ciento, ya que se comprobó que los campesinos utilizaban parte de ese dinero para sembrar coca nueva.
El nuevo plan contempla la compensación de 2.500 dólares al campesino hasta el 31 de marzo próximo, pero desde el día siguiente se reducirá a 1.650 dólares. Los 850 dólares restantes serán utilizados como "compensación comunitaria" para planes de desarrollo.
La disminución gradual de los pagos debe concluir el 1 de enero del año 2002, cuando toda la coca excedentaria e ilegal existente será erradicada por la fuerza y sin compensación alguna.
El mayor obstáculo que enfrenta la iniciativa gubernamental lo constituyen las 40.000 familias de campesinos productores de coca, que en los últimos años se han convertido en el sector social más combativo del país en la defensa de sus intereses.
Evo Morales, principal dirigente de los campesinos cocaleros, comentó que el recorte de la ayuda "es el premio que da Estados Unidos a Bolivia por el cumplimiento con las metas de reducción de cultivos".
Bolivia es el segundo productor de cocaína después de Colombia. En su territorio hay unas 38.000 hectáreas de cultivos de coca excedentaria (sometida a planes de destrucción) e ilegal (cultivos recientes) que se utiliza en la fabricación de la droga.
Se prevé que el ritmo de erradicación será de 8.000 hectáreas por año. (FIN/IPS/jcr/dg/ip/98
