La Corte Suprema de Justicia de Honduras ordenó el jueves 29 la incautación de los archivos del ex batallón militar de la muerte 3-16, al descubrir que contiene perfiles de altas personalidades políticas y sociales conocidas por sus denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Atendiendo una petición de la Fiscalía del Estado, la Corte giró instrucciones para inspeccionar los archivos del 3-16, ubicados en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que preside el general Mario Hung Pacheco.
El juez Efraín Díaz dijo que la determinación se tomó luego que los fiscales de derechos humanos descubrieran en una inspección al organismo militar fichas sobre personajes políticos y sociales en poder de los archivos de ese escuadrón de la muerte.
Aparecen allí los nombres del actual fiscal del Estado Edmundo Orellana, el director de la Policía Civil de Investigación Criminal, Wilfredo Alvarado, y numerosos periodistas, clasificados según lsi eran "afines al ejército", "revoltosos" o de "alto riesgo".
El 3-16 fue el responsable de la desaparición forzada de 184 personas por causas político-ideológicas en la década de los ochenta, según consta en un informe del estatal Comisionado de Derechos Humanos.
Su nombre fue tomado de las tres brigadas militares que existían en el país y sus 16 batallones.
La organización paramilitar contó con la cooperación de asesores argentinos y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
El juez encargado Del decomiso de esos archivos anunció que se iba a inhibir de la acción porque uno de los perfiles se refería a su padre, el político y dirigente demócrata cristiano Efraín Díaz Arrivillaga, defensor de los derechos humanos y candidato presidencial en los años ochenta.
Mario David Villanueva, portavoz de las Fuerzas Armadas, dijo este jueves que los militares están anuentes a abrir sus archivos y que la documentación encontrada es "algo normal". "Se trata de registros como los que se hacen en cualquier parte", señaló.
"Abriremos los archivos cuando se solicite el permiso a nuestro comandante del ejército, el general Mario Hung, ya que esa unidad era de contrainteligencia y, siempre y cuando la solicitud reúna los requisitos pertinentes, estamos dispuestos a dar la información necesaria", precisó.
El presidente de la Junta Interventora Civil de la Policía militarizada,. que pasará en mayo manos civiles, Hernán Corrales, dijo que "ya era tiempo que la justicia tomara éstas acciones, porque nadie tiene derecho a archivar la vida privada de las personas bajo ningún pretexto".
Corrales se mostró sorprendido de que su "perfil" también estuviera en los archivos del 3-16. "He sido siempre un hombre recto y honesto y no me explico por qué los militares querían registrar mis actividades", afirmó.
Leo Valladares, del estatal Comisionado de los Derechos Humanos, afirmó que la decisión de la Corte Judicial es un paso que "esperanzas, porque sólo así se desterrará la impunidad y se hará justicia". (FIN/IPS/tm/dg/ip-hd/98)
