El campesino Manuel Martínez Coronado, acusado de siete asesinatos, se convirtió la madrugada de hoy en el primer ejecutado por inyección letal en Guatemala.
La ejecución se llevó a cabo tras ser rechazado este miércoles por la Corte de Constitucionalidad un recurso de amparo presentado la noche anterior por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos.
El organismo humanitario pretendía que la aplicación de la condena capital fuera postergada, aduciendo que el proceso judicial al que había sido sometido Martínez estaba viciado.
Numerosos periodistas nacionales y extranjeros, así como alrededor de 30 camarógrafos, se aglomeraron en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, ubicada a 16 kilómetros de la capital, donde se construyó el llamado "módulo de la muerte".
Unos minutos antes de las 12 GMT el reo fue inmovilizado con cinturones especiales a la camilla, donde por los movimientos respiratorios se podía apreciar su nerviosismo.
Luego Martínez fue recibiendo el pentotal sódico, con el que se lo adormeció, el bromuro de pancuronio, relajante que paraliza músculos y pulmones, y por último el cloruro de potasio, que provoca un paro cardíaco.
Un vidrio oscuro impedía ver a las personas encargadas de activar los mecanismos respectivos para la ejecución del reo.
A las 6.24 hora local (12.24 GMT) Martínezfue declarado muerto tras ser examinado por los médicos forenses. Al fondo del pabellón se pudo escuchar el llanto de sus familiares presentes en el lugar.
Según el pastor evangélico que lo asistió, las últimas palabras del condenado cuando ya le estaban aplicando la primera inyección fueron "en tus manos encomiendo mi espíritu".
El último deseo de Martínez Coronado fue contraer matrimonio civil y religioso con su compañera Manuela Girón, con la cual había procreado tres hijos.
La ceremonia se llevó a cabo en el "pabellón de la muerte" en la mañana del martes, en presencia de tres ministros evangélicos, sus padres, sus tres hijos y autoridades del penal.
Martínez fue condenado por el asesinato de siete personas de una misma familia, entre ellas cuatro niños, el 16 de mayo de 1995, en un pequeño rancho ubicado en la aldea El Palmar, en el oriental departamento de Chiquimula.
De la masacre, cometida por un conflicto de tierras, logró escapar el niño Jaime Arias Miguel de 10 años, quien reconoció al asesino y lo denunció a las autoridades.
Según una encuesta publicada por el diario Prensa Libre, 86 por ciento de los guatemaltecos están a favor de la pena de muerte.
El procurador general Acisclo Valladares opinó que la ejecución de Martínez "será un escarmiento para los delincuentes, para que sepan que deben pagar con sus propias vidas si no respetan las de los demás seres humanos".
"El que a hierro mata a hierro debe morir, por eso considero que la pena de muerte se le debe aplicar de inmediato a los demás procesados por ese delito, para que sea un disuasivo para la delincuencia", agregó.
Por el contrario, Ronalth Ochaeta, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, considera que "la pena de muerte no es un precedente para que los delitos no vuelvan a cometerse".
Según Ochaeta, debería existir una política criminal congruente que rehabilite al infractor, que prevenga la delincuencia y que además brinde seguridad a los ciudadanos.
Guatemala es el único país de América Latina, excepto Cuba, en el todavía se aplica la pena de muerte.
La primera ejecución se llevó a cabo en 1946 con el fusilamiento de un violador y asesino.
Luego, durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt (1982- 83), alrededor de 16 personas fueron fusiladas tras ser condenadas por "tribunales de fuero especial".
En 1996, fueron a su vez fusilados dos personas acusadas de la violación y asesinato de una niña de cuatro años.
Las crueles imágenes de los guardias aplicando el tiro de gracia a los condenados dieron la vuelta al mundo y generaron numerosas críticas, por lo que el Congreso aprobó la aplicación de la inyección letal como un método "menos cruento" de ejecutar la pena de muerte.
La organización humanitaria Amnistía Internacional había solicitado al presidente Alvaro Arzú que conmutara la sentencia a Martínez Coronado por considerar que pese a la gravedad del crimen cometido, la pena de muerte no es un disuasivo efectivo para detener el crimen y brutaliza a la sociedad.
Los próximos reos que podrían ser ejecutados en Guatemala por inyección letal son los ex policías Miguel Angel López Caló, Miguel Angel Pérez Revolorio y Aníbal Archila Pérez, acusados del asesinato de una persona y de tentativa de asesinato de otra. (FIN/IPS/cz/dg/ip-hd/98
