Los puestos móviles instalkados por el E]ercito para controlar el orden público en algunas regiones de Colombia han sido escenario en los últimos 15 días de hechos confusos que llevaron a la muerte de 14 personas.
Mientras permanecen sin esclarecer hechos ocurridos las dos últimas semanas en los puestos móviles de Villeta (al centro del país) y San José del Vichada (sur), otro operativo similar en la vía Cali-Buenaventura (oeste) terminó con la vida de seis civiles.
Los muertos de la vía Cali-Buenaventura eran jóvenes de entre 19 y 29 años, a los que el comandante de la Tercera División del Ejército que opera en esa zona, general Jaime Almán, identificó como presuntos guerrilleros.
Según el jefe militar, informes de inteligencia indican que los jóvenes eran militantes del Ejército de Liberación Nacional.
Otro oficial que participó en el operativo, desarrollado este domingo, indicó que las víctimas desatendieron la orden de pare y dispararon contra la patrulla, que respondió al ataque.
Sin embargo, familiares de los jóvenes abatidos afirmaron que éstos eran "trabajadores honestos que nada tenían que ver con la guerrilla".
Una de las víctimas se desempeñaba desde hace dos años como carpintero del alcalde de Cali Ricardo Covo, quien afirmó que se trataba de "un excelente trabajador y una persona muy tranquila" a la que no podría "ver como guerrillero".
Este lunes, durante el sepelio de las víctimas, el defensor del pueblo (ombudsman) Hernando Toro solicitó a la Fiscalía (máxima instancia investigadora y acusadora de la justicia) el envío de una comisión de la unidad especializada de Derechos Humanos para que investigue los hechos.
Toro dijo a IPS que la solicitud se hizo "no tanto para poner en duda las versiones de la fuerza pública" como "para esclarecer el comportamiento de los agentes del Estado que están en la obligación de actuar conforme a la ley".
En opinión de Toro es preocupante que los "los operativos militares que realiza la fuerza pública contra delincuentes, según ellos plenamente identificados," se estén convirtiendo en "un verdadero peligro para la comunidad".
El arzobispo de Bogotá, Pedro Rubiano, miembro de la Comisión de Conciliación Nacional (que busca una solución política para el conflicto armado) demandó la revisión de las estrategias "de guerra de las Fuerzas Armadas para evitar más errores".
También la delegada en Colombia de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Almudena Mazarrasa, expresó su preocupación por los hechos, que, según anunció, serán incluidos en el informe anual que entregará próximamente.
El puesto móvil de la vía Cali-Buenaventura es el tercero en el que se registran hechos de este tipo en los últimos 15 días.
Sobre el operativo de Villeta, donde el 25 de enero murieron cinco personas, las primeras investigaciones indican, según el comandante del ejército Mario Galán, que "hubo fallas en la ejecución del procedimiento".
En este caso el Ejército también afirmó haber recibido "informes de inteligencia" según los cuales las patrullas estaban ante un grupo guerrillero. El gobernador de Cundinamarca, Andés González, declaró no obstante que en el operativo "murió gente inocente".
También en Vichada, tres comerciantes que regresaban de atender "una cita" con la guerrilla para negociar la devolución de sus vehículos y mercancías que les habían sido retenidas fueron baleados por soldados que los confundieron con insurgentes.
Para el portavoz de una organización humanitaria que pidió omitir su nombre, los "errores" del Ejército se deben a "su afán por mostrarle al país niveles de eficiencia en sus acciones".
Un informe sobre la situación mundial de los derechos humanos divulgado por el gobierno de Estados Unidos el 30 de enero acusa al ejército de ser responsable de 75 por ciento de los asesinatos que ocurren en Colombia. (FIN/IPS/yf/dg/hd/98
