Jueces, parlamentarios, militares, familiares de desaparecidos y sobrevivientes realizaron en Argentina la primera inspección conjunta de la sede del mayor centro ilegal de detención, con más de 4.000 prisioneros durante la dictadura militar (1976-83).
"Lo hago por mis hijos y por mi esposo", declaró entre lágrimas Laura Bonaparte al ingresar por primera vez en 21 años a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde sospecha que fueron torturados su marido, sus tres hijos y sus tres nueras, que permanecen "desaparecidos" desde 1977.
La histórica recorrida se realizó el miércoles 11 luego que vecinos de ESMA denunciaron que de noche se retiraba mobiliario y máquinas, pese a que la justicia aceptó un recurso de amparo contra el decreto presidencial que ordenó demoler el edificio y construir allí un monumento a la pacificación.
El decreto del presidente Carlos Menem, firmado en enero, es resistido por organismos humanitarios que creen que el edificio debe permanecer abierto al público como símbolo del terrorismo de Estado y para que las futuras generaciones conserven la memoria de un pasado que no debe volver.
No obstante, el presidente siguió adelante con el proyecto de trasladar la ESMA de la capital argentina a una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Dos familiares de desaparecidos presentaron entonces un recurso de amparo que fue aceptado por la justicia.
No sólo la justicia federal entendió que los familiares tienen razones simbólicas valederas para impedir que se derribe ese edificio, sino que la Cámara Federal pidió que se preservaran las instalaciones por si existen pruebas que permitan conocer la verdad sobre el destino final de las víctimas.
Las Madres de Plaza de Mayo creen incluso que en las propias instalaciones de la ESMA podría haber enterramientos clandestinos.
Las leyes de amnistía y el indulto impidieron que los militares represores estén hoy presos, pero los familiares siguen reclamando conocer el paradero de las víctimas. Las Abuelas de Plaza de Mayo mantienen esperanzas de seguir recuperando a sus nietos, nacidos en cautiverio o secuestrados de pequeños.
Las denunciantes sufrieron un duro golpe el viernes pasado al conocer que el Ministerio de Defensa apeló la decisión judicial de frenar el decreto, argumentando que "no les constaba" que en ese sitio haya habido secuestros, torturas y desapariciones, lo que fue probado por la justicia que condenó a los ex comandantes.
El repudio de los organismos humanitarios y parlamentarios opositores al argumento del Ministerio de Defensa obligó esta semana al titular de la cartera, Jorge Domínguez, a pedir disculpas y solicitar la renuncia de sus asesores legales, que habían redactado el escrito.
Pese a los desmentidos del propio Menem sobre la sigilosa mudanza de objetos de la ESMA, la justicia recogió este miércoles las denuncias de vecinos y se presentó allí para una inspección ocular. Las dos juezas pidieron a dos parlamentarios y familiares de desaparecidos allí presentes que las acompañaran.
De la comitiva participaron también sobrevivientes de ese campo clandestino, que permitieron reconstruir parte de lo que allí ocurrió durante el juicio a los ex comandantes.
Otra parte del testimonio de lo que ocurrió fue brindada en 1995 por el ex marino Adolfo Scilingo, que trabajaba en la ESMA durante la represión ilegal y confesó que muchos de los detenidos fueron trasladados en aviones navales y arrojados vivos al mar luego de recibir una inyección que los adormecóa. (FIN/IPS/mv/ag/ip-hd/98
