Los grupos humanitarios de Argentina que reclaman por los desaparecidos en la dictadura militar cobraron renovado protagonismo en los últimos dos meses tras un largo período en el que parecían haber perdido todas las batallas.
Esos grupos "nunca dejaron de trabajar", dijo a IPS el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
No obstante, admitió que en 1998, al cumplirse 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la lucha contra la impunidad jurídica cobró un especial impulso para la construcción democrática en toda la región.
Pérez Esquivel consideró que el resurgimiento de los grupos defensores de derechos humanos en Argentina se produce en un contexto en el que los dirigentes políticos, tanto oficialistas como opositores, se declaran "esclavos de sus propios miedos" de avanzar contra la impunidad de los militares represores.
La mayoría de estos grupos surgieron en los primeros meses de la dictadura, en 1976, cuando los familiares de las personas secuestradas se reunían para indagar sobre su paradero. Así nacieron una decena de asociaciones de familiares, detenidos y desaparecidos, y otras con objetivos más generales.
En los primeros dos años de la democracia, recuperada en 1983, los dirigentes humanitarios que habían actuado en forma casi clandestina, salieron a la luz pública.
Eran tiempos en que los ex comandantes militares fueron condenados por la justicia por graves violaciones de derechos humanos, en un proceso sin precedentes en la región.
Pero con las leyes de amnistía a los subordinados y, luego, el indulto a los ex comandantes, los familiares y sobrevivientes sufrieron duras derrotas. Si bien nunca dejaron de reunirse y trabajar, sus reclamos perdieron fuerza en la sociedad, que dio prioridad a temas como la inflación o el alto desempleo.
Ahora, la impunidad volvió a la picota. Una encuesta realizada en enero por la empresa Ricardo Rouvier reveló que casi 80 por ciento de los argentinos aceptaría derogar las leyes de amnistía que beneficiaron a más de mil militares que participaron en la represión clandestina.
No obstante, un proyecto para derogar esas leyes fracasó a principios de este mes en el parlamento, por desacuerdos entre el oficialismo y el bloque de oposición, lo que provocó el repudio de los grupos humanitarios que apoyaban la moción.
El tema de los derechos humanos recobró vigencia en enero, cuando justamente un grupo de parlamentarios reclamó la derogación de esas leyes aprobadas hace más de 10 años. Desde entonces, se desató una ola de reclamos que colocó nuevamente a los familiares en las tapas de los diarios.
En respuesta, el presidente Carlos Menem anunció que ordenará derribar la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención, con más de 4.000 prisioneros, para construir allí un monumento a la pacificación y la unidad nacional.
La propuesta fue rechazada por los grupos humanitarios, que presentaron un amparo ante la justicia.
Por primera vez, dos familiares de desaparecidos recorrieron esta semana ese centro naval junto a parlamentarios y jueces, y manifestaron su horror al ver que siguen colgados los cuadros de honor que reivindican la acción contra la guerrilla.
El ex capitán de navío Alfredo Astiz, símbolo de la represión y de la impunidad, reivindicó graves violaciones de los derechos humanos y advirtió a periodistas y a políticos que era la persona mejor preparada del país para preparar un atentado.
Menem ordenó la destitución inmediata de Astiz, que tiene un pedido de captura internacional por sus crímenes pero está libre en Argentina gracias a la amnistía. Ahora, el ex marino debe rendir cuentas ante la justicia por presunto ataque al orden constitucional y amenazas.
En forma paralela, continúa el juicio a militares represores en España, Suecia e Italia, por la desaparición de ciudadanos de esos países. En España, el juez Baltasar Garzón pidió a la justicia suiza que responda si unos cien militares argentinos tenían cajas de seguridad en ese país.
La Fiscalía General suiza confirmó que son seis ya los militares de la nómina que tienen cuentas en ese país y denunció que el gobierno y la justicia argentina no le prestan ayuda para verificar los datos de los titulares de esas cuentas.
Hay al menos seis militares que actuaron en la represión y tienen cuentas en bancos suizos. Uno de ellos es Astiz, que según admitió su vocero este viernes, tenía una cuenta abierta por las Fuerzas Armadas para financiar las operaciones de inteligencia que el marino realizaba en Europa entre los grupos exiliados.
Del mismo modo, se confirmó este viernes que el actual gobernador de la provincia de Tucumán, el general retirado Antonio Bussi, sería el itular de otra de las cuentas. El mandatario provincial, que fue otro de los amnistiados, se negó a confirmar o a desmentir la versión.
"No puedo vaticinar el resultado de la investigación, pero si el resultado es positivo me pondré a disposición de un juez argentino", aclaró, aludiendo indirectamente a su negativa anterior a declarar ante Garzón, que lo había citado a declarar en Madrid.
El retorno del tema de los derechos humanos resultó este año más intenso incluso que la oleada de autocríticas de jefes militares que hubo hace más de dos años, cuando Scilingo admitió que los marinos arrojaron a prisioneros vivos al mar.
Entonces, el jefe del Ejército, general Martín Balza, admitió que hubo excesos en la represión, y fue seguido luego por el jefe de la Armada y la Aeronáutica, aunque con evaluaciones menos críticas de su responsabilidad en la desaparición de al menos 10.000 personas.
Este jueves, Balza realizó una autocrítica más profunda. Calificó de "espantosa" la violación de los derechos humanos y más aún cuando es aceptada por el Estado.
Admitió que habría que haber juzgado a los oponentes y no optar por "macabros procedimientos" y despreció el robo de niños y su cambio de identidad.
Sin embargo, se quejó porque aún hay numerosos militares que siguen "con el estigma de la censura", no pudiendo ascender en sus carreras porque figuran en listas de represores pese a que no estaban en el Ejército cuando actuó la dictadura.
En este sentido, Balza señaló que hay ex guerrilleros y ex funcionarios civiles del régimen que hoy ocupan "prominentes cargos públicos" en el gobierno, la justicia y el Congreso. (FIN/IPS/mv/dg/ip-hd/98
