Hace unos tres años que Jean, un burundiano de 26 años, está en Sudáfrica sin hacer nada.
"Durante estos años viví en Hillbrow, un antro de crimen y violencia, sin poder comunicarme con mi familia, mientras esperaba que el Departamento de Asuntos Exteriores me concediera asilo como refugiado", explicó el joven.
Le hubiera encantado continuar con sus estudios de psicología, que interrumpió cuando se vio obligado a salir de Burundi, devastado por la guerra civil. Pero sin empleo, bienestar social ni condición de refugiado, sólo puede esperar que pase otro día sin que lo detenga la policía.
La detención es lo que Jean más teme. Según relató, la policía detuvo en Ciudad del Cabo a un amigo suyo, también burundiano, lo golpeó brutalmente y lo dejó morir.
La confusa legislación de Sudáfrica sobre refugiados e inmigrantes hace que refugiados y delincuentes caigan dentro del mismo saco.
"En este país existe ambigüedad sobre quién es un inmigrante ilegal, un refugiado o un criminal. Todos son considerados delincuentes", expresó Emmanuel Kamugisha, del Ministerio Metodista para los Refugiados.
Por esa razón, "muchos refugiados se encuentran en la disyuntiva de permanecer en este país como marginados o regresar a sus naciones de origen y hacer frente a la persecución de la que escapan", explicó.
Las personas que llegan a Sudáfrica escapando de violaciones a los derechos humanos, persecución política o simplemente de la pobreza constituyen un fenómeno nuevo en el país.
"Antes de 1994, Sudáfrica no tenía refugiados ni una ley específica sobre el asunto", explicó Tumelo Ntshwane, asesor jurídico de la Cruz Roja de Sudáfrica.
Cuando los refugiados comenzaron a llegar, "el Departamento de Asuntos Exteriores recurrió a la Ley de Control de Extranjeros, que se refiere a la migración en general", añadió.
El gobierno del apartheid (régimen de segregación racial institucionalizada) se negó a otorgar el asilo a los miles de mozambiqueños y angoleños que se refugiaron en el país.
En 1991, el gobierno aprobó la Ley de Control de Extranjeros, caracterizada por la gran libertad que otorgaba a los ministros, la falta de responsabilidad por las decisiones administrativas adoptadas y la escasez de disposiciones sobre el debido proceso para aquellos inmigrantes considerados ilegales.
La enmienda realizada en 1995, un año después de las elecciones democráticas que otorgaron la presidencia a Nelson Mandela, eliminó algunos de los aspectos más inaceptables de la ley, pero muchas de sus cláusulas probablemente no pasarían una prueba de constitucionalidad.
"La principal causa de la detención de extranjeros es que son extranjeros", afirmó Jeff Handmaker, del grupo Abogados por los Derechos Humanos. Sin embargo, la Constitución de Sudáfrica "protege a todos, extranjeros incluidos", señaló.
Debido a una ola de xenofobia que azota al país desde que se integró a la comunidad internacional, los refugiados no se diferencian de los inmigrantes ilegales.
"Cuando un hombre de la calle ve un refugiado, ve alguien que le robará oportunidades. Muchos de nosotros nunca estuvimos fuera de Sudáfrica y tenemos ciertos prejuicios contra los otros africanos", manifestó Tebogo, un residente de Johannesburgo.
Se estima que el número de inmigrantes ilegales de Sudáfrica oscila entre 800.000 y ocho millones. No existen estadísticas oficiales. (FIN/IPS/tra-en/gm/pm/ml/pr-hd/98
