Colombia condenaron hoy a las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) por utilizar el cadáver de un soldado para un atentado contra el Ejército, en el que murieron dos efectivos castrenses y resultaron heridos otros cinco.
La directora de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Almudena Mazarrasa, calificó ese acto como violatorio de las normas del Derecho Internacional Humanitario.
En respuesta a la solicitud del comandante de las Fuerzas Armadas, general Manuel Bonett, que pidió a la funcionaria pronunciarse, Mazarrasa afirmó que colocar dinamita en un cadáver es un acto de alevosía y no de guerra.
Para el ex canciller Augusto Ramírez, miembro de la Comisión de Conciliación Nacional (que busca una solución política al conflicto), esta acción dificulta aún más el inicio de negociaciones de paz.
El hecho se presentó este miércoles, cuando personal del ejército transportaba en helicóptero los cadáveres de tres efectivos muertos en un combate con las FARC.
En determinado momento, estalló una bomba que había sido colocada entre las ropas de uno de los soldados muertos. Dos de los efectivos que lo transportaban fallecieron de forma instantánea.
El comandante del Ejército, general Mario Galán, pidió a la cancillería denunciar ante los organismos internacionales de protección y vigilancia de derechos humanos la acción de las FARC.
"Son hienas, miserables y profanadores de cadáveres", dijo a su vez Bonnet refiriéndose a los guerrilleros.
Bonett afirmó que no pensó que un acto de esa clase pudiese ser cometido "por enemigos que siempre pregonan la defensa de los derechos humanos". Los insurgentes "han perdido las proporciones del combate", agregó.
"Se ha alcanzado un grado evidente de deshumanización" en el conflicto, comentó el defensor del pueblo (ombudsman) José Castro. "Este hecho es una afrenta para la conciencia civilizada de la humanidad", agregó.
La Cruz Roja Internacional, que también condenó la acción de las FARC, convocó a las partes en conflicto para que respeten las normas de la guerra.
El ataque de la guerrilla se produjo en momentos en que el Ejecutivo autorizó a los gobiernos departamentales y municipales a iniciar diálogos con los insurgentes para establecer acuerdos parciales.
Esos procesos deben ayudar a "distensionar el ambiente político en el plano local", señaló el presidente Ernesto Samper, aunque aclaró que las negociaciones de paz siguen siendo potestad exclusiva del gobierno central.
Samper rechazó esta semana una solicitud de las FARC de que el ejército se retire de cuatro municipios del sur del país como paso previo al inicio de un diálogo con el Ejecutivo.
Según diversos analistas, con los diálogos regionales el gobierno buscaría mejorar su incidencia a nivel local en vista de las elecciones legislativas del 8 de marzo. (FIN/IPS/yf/dg/ip/98
