A la crisis provocada en Colombia por la denuncia sobre aportes del narcotráfico a la campaña del presidente Ernesto Samper se suma ahora otro factor, cuando falta menos de un mes para las elecciones legislativas: la contratación administrativa para favorecer candidatos.
El procurador general, Alfonso Gómez, manifestó a IPS su preocupación por las comisiones ilegales que reciben algunos parlamentarios, destinadas a financiar sus campañas electorales.
Juan Restrepo, precandidato presidencial del Partido Conservador, segunda fuerza política colombiana, dijo que "si las pasadas elecciones fueron financiadas por las mafias del narcotráfico" las próximas lo serán por los contratos que maneja el gobierno.
Estos recursos provienen del Presupuesto General de la Nación, que prevé para este año partidas para inversión cercanas a 7.000 millones de dólares, 5,9 por ciento del producto interno bruto.
Con el propósito de evitar que los candidatos reciban dinero ilícito para sus campañas electorales, el gobierno constituyó una comisión integrada por el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General y la Policía.
El país tiene que sacar lecciones constructivas "de los dolorosos episodios institucionales que vivimos en los últimos años como consecuencia de presuntas irregularidades" en la financiación de todas las campañas electorales, dijo Samper al instalar la Comisión el día 12.
Samper fue investigado y absuelto por el Congreso por el denunciado aporte de seis millones de dólares del narcotraficante Cartel de Cali a la campaña que lo llevó a la Presidencia en agosto de 1994.
El ex ministro de Defensa Fernando Botero, jefe de finanzas del comando de campaña de Samper, quedó en libertad el día 12 tras cumplir 30 meses de prisión, un tercio de la condena, al haberse acogido a los beneficios de rebaja de penas por colaboración con la justicia.
El tesorero, Santiago Medina, cumple la condena que se le impuso en su lujosa mansión en un exclusivo sector de Bogotá.
Samper manifestó que su gobierno estará atento para que "nunca jamás estos hechos vuelvan a sucederse".
Gómez anunció "una labor de inteligencia para saber cómo se estan financiando las campañas" y espera que se produzcan "medidas judiciales a los posibles violadores antes de las elecciones" de marzo próximo.
Además de detectar aportes ilícitos a las campañas, el plan diseñado se propone combatir "con firmeza la compraventa de votos, impedir la utilización de cédulas falsas" y, en general, combatir "prácticas corruptas que desvirtúan el voto de los ciudadanos".
Para recibir el aporte de la ciudadanía se han establecido líneas telefónicas para recibir las denuncias.
El Consejo Nacional Electoral, que es el encargado de controlar las cuentas de las campañas, anunció que contratará empresas especializadas que supervisarán los gastos de los candidatos.
En forma paralelamente, gremios empresariales, sindicatos y organizaciones no gubernamentales constituyeron una Veeduría Ciudadana para el Proceso Electoral, para evitar que se repitan las irregularidades de la pasada campaña electoral.
Armando Novoa, uno de sus coordinadores, dijo a IPS que la situación actual es más alentadora que el de los comicios pasados, cuando ni el gobierno ni el Congreso se preocuparon por establecer "una legislación que pusiera fin a las irregularidades denunciadas".
Otro integrante de la Veeduría, Alvaro Avila, afirmó que sólo la intervención directa de los ciudadanos logrará depurar las malas costrumbres políticas y hará que el ejercicio del voto "sea libre, consciente y participativo".
La Veeduría Ciudadana para el Proceso Electoral exigirá también a los partidos políticos mecanismos éticos de control interno sobre sus candidatos. (FIN/IPS/yf/ag/ip/98
