El gobierno de Colombia concederá a inversores privados la construcción de nuevas cárceles, para superar el hacinamiento de miles de reclusos y su secuela de corrupción y violación de los derechos humanos.
Al proceso de concesión de las obras, que comenzarán este mes, se han presentado empresas locales, de Gran Bretaña, Francia y España.
"La inversión privada es la que nos puede salvar de esta crisis, ya que el Estado no tiene recursos para construir los centros que se requieren", dijo la ministra de Justicia, Almabeatriz Rengifo.
Según cifras oficiales, hay 12.776 reclusos de exceso en los 168 penales del país, que albergan a 43.410 personas. El 54,2 de los detenidos tienen condena firme, mientras los restantes aún tienen su causa judicial abierta.
La sobrepoblación de los penales y la falta de recursos para mejorar la infraestructura y aumentar los funcionarios ha llevado a que los presos sean sometidos a condiciones infrahumanas, según sostiene el Defensor del Pueblo, José Castro.
Castro afirma que en las cárceles se instaló un sistema de corrupción en el que todo cuesta dinero, ya sea para lograr un espacio para dormir, tener acceso a un baño o conseguir algo de privacidad durante las visitas conyugales.
La violación a los derechos humanos de los presos en Colombia fue denunciada en el último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Un informe de la Procuraduría indica que existe en las cárceles "un estado generalizado de corrupción a nivel de la guardia", que incluye tarifas preestablecidas para cada "beneficio" que se concede a los reclusos.
En 1997 se registraran numerosos motines e intentos de fuga que dejaron un saldo de más de 30 muertos.
La ministra Rengifo indicó que espera que las primeras cárceles estén operando con el nuevo sistema dentro de seis u ocho meses, a más tardar. El Estado pagará al concesionario una suma fijada en base al número de internos de cada penal.
El nuevo programa de cárceles estipula que el Estado no se desprenderá de la función de vigilancia, que seguirá a cargo del Instituto Nacional Penitenciario.
Para otorgar la construcción de penales a empresas privadas e instrumentar otras medidas que resuelvan la crisis, el gobierno decretó el estado de "emergencia carcelaria" que lo faculta para adoptar resoluciones de excepción.
A su vez, el Congreso aprobó en diciembre la Ley Alternatividad Penal, que establece que todo recluso que haya cumplido 80 por ciento de su condena podrá salir de la cárcel por 15 días, sin vigilancia, para visitar a sus familiares. Esta norma beneficiará a cerca de 13.000 presos.
Algunos parlamentarios consideran un grave error que el gobierno apele a "fórmulas coyunturales para solucionar el problema carcelario".
Y analistas subrayaron que el gobierno enfrenta la dificultad de estructurar una política adecuada cuando le restan pocos meses de mandato. El presidente Ernesto Samper deja el gobierno el 7 de agosto, mientras que el Congreso se renueva en marzo. (FIN/IPS/yf/ag/hd-ip/98
