El gobierno de Colombia informó hoy que investigará los hechos ocurridos en el sureño departamento de Putumayo, en los que habrían sido asesinadas por grupos paramilitares al menos 48 personas en lo que va del año.
La Procuraduría General, la Fiscalía y la policía investigarán en forma coordinada las denuncias del alcalde de Puerto Asís (Putumayo), Néstor Hernández, quien señaló a presuntos paramilitares de derecha como autores de las matanzas.
El ministro de Defensa, Gilberto Echeverry, dijo que este jueves salió una comisión de la Fiscalía hacia Puerto Asís "para establecer la veracidad de los hechos, clasificar las muertes y distinguir entre las que ocurren en el diario devenir en el área y las denunciadas por el señor alcalde" Hernández.
No obstante, ese Ministerio indicó en un comunicado que las informaciones de las autoridades departamentales, de policía, Fiscalía, Procuraduría y de Putumayo "no coinciden con lo que ha declarado el alcalde de Puerto Asís".
El comandante del Ejército, general Mario Galán, afirmó que no tenía conocimiento de "las presuntas masacres de Putumayo", pese a que este miércoles presidió en Puerto Asís un consejo de seguridad.
Galán desmintió también versiones según las cuales grupos privados habrían utilizado helicópteros del Ejército para trasladarse dentro de Putumayo y las atribuyó a una campaña "para desestimular la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas" acusándolas de "hechos inexistentes".
La alianza entre unidades del Ejército y grupos paramilitares de derecha fue denunciada a fines de enero por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una de las causas de las violaciones de los derechos humanos en Colombia.
Según la versión del alcalde de Puerto Asís, muchas de las personas ajusticiadas tenían relaciones con movimientos ciudadanos que han realizado protestas pacíficas.
Hernández, quien se trasladó a Bogotá para formular las denuncias, anunció que no se marchará hasta que el gobierno no le ofrezca garantías y se ponga fin a los hechos de violencia. El funcionario relacionó los hechos con el asesinato en enero del alcalde Alcibíades Enciso, a quien sucedió en el cargo.
Según Hernández, sólo el pasado fin de semana fueron asesinadas en el departamento 38 personas por presuntos paramilitares que tenían una lista con los nombres de quienes debían ejecutar.
El alcalde dijo que un paramilitar identificado como Gustavo Gómez, cercano a Carlos Castaño, máximo jefe de los grupos irregulares, anunció que sacarían a la guerrilla de Putumayo.
Ricardo Vargas, investigador del Centro de Educación y Cultura Popular (CINEP), dijo a IPS que los asesinatos tienen similitud con los ocurridos el año pasado en Mapiripán, en el sudeste del país, donde grupos paramilitares que se disputan el territorio exterminaron a cerca de 30 personas.
Estos grupos, que también están incursionando en actividades del narcotráfico, buscan exterminar la base social de la guerrilla que opera en la región, añadió.
En Putumayo y Meta se produce más de la mitad de la coca de Colombia, y según informaciones procedentes de Estados Unidos superan las 75.000 hectáreas.
Los dos departamentos fueron centros de las marchas de miles de campesinos cocaleros en febrero de 1996 en las que pedían la adopción de una política integral para la erradicación de los cultivos ilícitos.
La incertidumbre que se desató tras los asesinatos en Putumayo generó el temor de numerosos campesinos que se desplazaron hacia la sureña ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño, y otras localidades periféricas.
El gobernador de Pasto, Jesús Rosero, convocó a los organismos humanitarios para evaluar la situación y asistir a las familias desplazadas. En tanto el arzobispo de Pasto, Arturo Prado, recibió los testimonios de los desplazados y pidió al gubierno que les garantice el derecho a la vida. (FIN/IPS/yf/ag/ip-hd/98
