La ocupación hace diez días de una hacienda privada en el sur de Chile por indígenas mapuches podría derivar en acciones policiales, pues un juez dictó hoy orden de desalojo contra los indígenas.
La tensión en la hacienda El Rincón, situado en la comuna de Purén, 620 kilómetros al sur de Santiago, aumentó cuando los carabineros (policías militares) se acercaron al lugar y despejaron algunos caminos de acceso al lugar de la ocupación.
La acción policial, difícil por el carácter boscoso de la zona, podría tropezar con la resistencia de los mapuches, que están en poder de diversas herramientas de trabajo, según algunos testigos de la ocupación.
El juez Jorge Ulloa autorizó el desalojo a través de la fuerza policial y también dictó orden de detención contra quienes dirigen la ocupación.
Cientos de mapuches invadieron hace diez días la hacienda El Rincón, con una superficie de 560 hectáreas, con el argumento de que se trata de tierras que les pertenecieron hasta los años 70.
Los dirigentes indígenas declararon que esas tierras, hoy en propiedad de la empresa Forestal Mininco, les fueron expropiadas de forma ilegal durante la dictadura militar (1973-1990).
A comienzos de la década del 70, los mapuches forestaron esa zona y por eso reclaman las tierras y los recursos forestales del predio, algunos de cuyos árboles comenzaron a talar.
Funcionarios del gobierno de Eduardo Frei se mostraron partidarios de cumplir con las disposiciones legales luego del fracaso de negociaciones con los dirigentes mapuches.
Carlos Maril, uno de los dirigentes de la ocupación, sostuvo que el movimiento, fortalecido en los últimos días por el apoyo de otras comunidades mapuches y de algunos dirigentes políticos, seguirá "hasta las últimas consecuencias".
Si fueran desalojados por la fuerza policial tendrán el apoyo de las otras comunidades con posibles nuevas ocupaciones de tierras, agregó Maril.
Los mapuches anunciaron a comienzos de este año que en 1998 se registrarían fuertes luchas por la recuperación de sus territorios expropiados durante la ocupación de la Araucania, en el siglo XIX por tropas del gobierno de Chile.
En su argumentación, los mapuches sostienen que la corona española reconoció su autonomía como nación en diversos tratados firmados durante la época colonial, los que fueron violados por Chile con la ocupación de la Araucania.
El gobierno inició un proceso de entrega de tierras a diversas comunidades mapuches, comprando propiedades a empresas privadas, pero los líderes indígenas no están satisfechos con el ritmo de esas medidas oficiales.
Decenas de demandas judiciales han sido presentadas por las comunidades mapuches que exigen la "devolución" de sus territorios, pero además los indígenas han ocupado algunas haciendas y anunciaron otras acciones para este año.
Las empresas privadas, propietarias de tierras reivindicadas por los mapuches, tienen apoyo de algunos dirigentes políticos como el diputado Francisco Bayo, del partido derechista Renovación Nacional.
Bayo declaró que tras la ocupación mapuche hay "intereses políticos", y exigió el desalojo de los indígenas y la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado contra ellos.
Una posición contraria han manifestado otros parlamentarios como Eugenio Tuma, del gubernamental Partido por la Democracia, para el cual la desesperación de los mapuches se debe a que sus demandas no han sido cumplidas. (FIN/IPS/gcm/mj/ip pr/98
