El proceso de privatización de empresas públicas iniciado en Chile en 1970, que tiene aún pendiente el traspaso de algunas de las principales corporaciones, avanza lentamente ahora por la vía de la capitalización de las mismas.
Además de la Corporación del Cobre, la principal empresa estatal, excluída del programa de venta a privados, hay otras 13 compañías de servicios públicos en la mira de los inversionistas privados.
Las empresas de suministro de agua potable y alcantarillado deberán invertir más de 1.700 millones de dólares entre este año y el 2002 para completar el 100 por ciento de las obras de alcantarillado y 70 por ciento del tratamiento de aguas servidas.
Parte de esos recuros se obtendrán mediante la incorporación de capitales privados, explicó Eduardo Arriagada, presidente del Sistema Administrador de Empresas del Estado (SAE).
Arriagada indicó también que, debido a que esas empresas públicas no están autorizadas a endeudarse ni a obtener capitales del Estado, deben vender activos para conseguir rubros.
La primera compañía de servicios sanitarios que tendrá un socio privado será la Empresa Sanitaria de Valparaíso (ESVAL), que a fines de este año pondrá en venta un "paquete de control" con lo que el SAE quedaría como socio minoritario.
Antes de eso, en los próximos cuatro meses, el SAE pondrá en licitación la Empresa Eléctrica de Aysén (en el sur del país), una de las compañías del sector aún en poder del Estado.
Por esa compañía, el Estado chileno, único propietario, espera obtener entre 14 y 15 millones de dólares.
Así mismo, puede ser totalmente privatizada la compañía eléctrica Edelnor (del norte del país), controlada por Southern Energy. El Estado conserva todavía 16 por ciento de Edelnor, y Arriagada espera vender ese paquete de acciones "lo antes posible".
El proceso privatizador chileno, pionero en América Latina, comenzó en el gobierno militar (1973-1990), abarcando decenas de empresas, algunas de las cuales habían sido estatizadas por el gobierno socialista de Salvador Allende (1970-73).
Un estudio de una empresa privada señala que las empresas desafectadas del área del Estado muestran "resultados significativamente mejores" que las que se mantuvieron en el sector público.
La investigación se refiere a ventas, patrimonio, activos, resultados (utilidades) y múmero de trabajadores.
El estudio analiza 25 empresas que en 1977 eran estatales y estaban en el ranking de las 100 mayores del país. En 1996, sólo ocho permanecían en la órbita del Estado, 14 estaban privatizadas y tres fueron absorbidas por otras.
También considera la trayectoria de 37 compañías privadas de la que se tiene información completa hasta 1996.
De acuerdo con el estudio —elaborado por la firma Seminarium Accord—, en los 19 años que comprende la investigación, las estatales aumentaron sus ventas en 194 por ciento (de 2.034 millones de dólares a 5.989 millones).
Las privatizadas presentaron aumento de sus ventas, en igual periodo, en 577 por ciento, pasando de 1.003 a 6.787 millones de dólares.
Las privadas, por su parte, registraron un incremento de ventas de 694 por ciento en esos 19 años, pasando de 1.678 a 13.319 millones de dólares.
Respecto de los resultados, la investigación señala que mientras las estatales presentaron un aumento de 442 por ciento (de 85 a 461 millones de dólares), las privatizadas pasaron de una pérdida de 62 millones en 1977 a una utilidad de 1.127 millones en 1996.
Las privadas, por su parte, incrementaron sus utilidades de 88 a 1.199 millones de dólares.
En cuanto al empleo, tanto las empresas públicas como las privatizadas redujeron su personal en los 189 años considerados. En el caso de las primeras, el recorte fue de 56 por ciento (de 73.666 a 32.200 trabajadores), y en el de las segundas, de 27 por ciento (de 46.796 a 34.043 empleados).
Las privadas, en cambio, presentan un "aumento significativo" de empleados, coincidente con su mayor volumen de ventas. En 1997 tenían una plantilla de 46.640 trabajadores, y en 1996, de 82.543, de acuerdo con la investigación.
El estudio, evidentemente favorable al proceso privatizador, sostiene que en el presente, el conjunto de empresas públicas s "representa un formidable grupo económico", el mayor de Chile y el tercero de América del Sur, después de las estatales de Brasil y Venezuela.
Ese conjunto de activos, que incluye la Corporación del Cobre, la petrolera ENAP, el Banco del Estado, la portuaria EMPORCHI, el Metro de Santiago, las sanitarias, Ferrocarriles, Correos y los aeropuertos, tiene un valor entre 20.000 y 30.000 millones de dólares, según Seminarium Accord.
Las privatizaciones, que podrían avanzar por la vía de la capitalización de empresas o por la venta de acciones, son sin embargo rechazadas mayoritariamente por los trabajadores de las compañías públicas.
Los trabajadores sostienen, entre otros argumentos, que ya no se puede acusar a las estatales de ineficiencia.
Tal defensa parece tener apoyo en las utilidades que las empresas públicas obtuvieron en 1997. Según el presidente del SAE, lograron un resultado neto de 71.910 millones de dólares, 10 por ciento más que en 1996. (FIN/IPS/gcm/ff/if/98
