Una creciente movilización tiene lugar en Chile para evitar que el ex dictador Augusto Pinochet pueda acceder a un cargo de senador vitalicio en marzo.
La campaña incluye la recolección de firmas para un plebiscito, acusaciones jurídicas y también una andanada de declaraciones.
Jóvenes de distintas agrupaciones políticas, en diversas ciudades de Chile, están recogiendo firmas como forma de presión, mientras que dirigentes de izquierda y del gobierno de coalición se han relevado para dirigir sus ataques verbales contra el ex dictador (1973-1990).
Pinochet podrá ocupar un escaño como senador vitalicio sin ser elegido, porque así lo señala la Constitución aprobada en un cuestionado plebiscito en 1980, ya que gobernó el país durante más de seis años.
El senador Jorge Lavanderos, del oficialista Partido Demócrata Cristiano, fue uno de políticos que aumentó el calibre de las declaraciones contra Pinochet.
Dijo que el aun comandante del Ejército que es "un viejo decrépito, al que le flaquean las piernas y la cabeza", por lo cual debería retirarse a su casa.
Dirigentes del Movimiento por la Dignidad Nacional, agrupación pluripartidaria, esperan reunir entre 500.000 y un millón de firmas para que el gobierno del presidente Eduardo Frei convoque un plebiscito que permitiría una reforma constitucional, incluyendo el fin de los senadores designados y vitalicios.
Actualmente, un tercio del Senado es designado por diversas instancias del poder, incluyendo las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y el gobierno, que indica a ex rectores de universidad, ex contralores generales y a otros funcionarios.
La posibilidad del plebiscito, por las trabas impuestas por la misma Constitución y por el equilibrio de fuerzas en el Senado, es bastante incierta.
El diputado oficialista Guillermo Arenas estimó que la movilización ciudadana debe generar tal grado de presión que incluso la derecha acepte la convocatoria de la consulta.
La creciente oposición a Pinochet, quien nunca ha formulado juicios autocríticos respecto de su gobierno, irá en aumento hasta el 11 de marzo, cuando asumirán los congresistas, electos y designados, para el nuevo período legislativo.
Ademas de la recoleccíon de firmas se registraron en enero dos acusaciones legales contra el octogenario general. La primera la presentó la presidenta del Partido Comunista, Gladys Marin.
Esa acusación, acogida en su tramitación por los tribunales, sostiene que Pinochet es responsable por delitos de genocidio, secuestro,, homicidio míltiple y asociación ilícita.
El juez Juan Guzmán, a cargo de esa causa, habría decretado 30 diligencias en el proceso que involucra a diversos militares por su presunta participación en los delitos.
Un estudio realizado por un equipo de abogados, conocido por la Comisión Rettig, sostuvo en 1992 que en los años de dictadura se cometieron más de 3.000 muertes de opositores.
El mismo juez Guzmán aceptó tranitar una segunda acusación contra Pinochet. Se trata esta vez de una querella presentada a fines de enero por Graciela Alvarez y sus cinco hijos por el homicidio del jefe de familia, el abogado Héctor Silva, ocurrido a fines de 1973.
Aunque los delitos cometidos por los militares entre 1973 y 1978 están bajo la amnistía decretada por la dictadura, el hecho de que el juez Guzmán inicie el trámite de estas nuevas acusaciones e interrogue a oficiales de las Fuerzas Armadas es un nuevo antecedente en el panorama de oposición a Pinochet.
La amnistía cubrió cientos de casos de graves violaciones a los derechos humanos en la década de los setenta, pero otros delitos cometidos posteriormente han sido juzgados o están en proceso y algunos militares y civiles que colaboraron en la represión a los opositores fueron enviados a prisión.
Los casos más conocidos de militares detenidos son los del general Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinosa, condenados por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en 1976 y que quedara excluido de la amnistía.
Osvaldo Romo, colaborador civil que participó activamente en la represión y uno de los más conocidos por atrocidades contra detenidos es Osvaldo Romo, fue detenido en Brasil en 1992 y actualmente es sometido a proceso bajo diversas acusaciones.
Otros uniformados, de Carabineros (policía militarizada), procesados por el degollamiento de tres opositores, permanecen en prisión purgando condenas de diversa duración. (FIN/IPS/gcm/dg/ip-hd/98
