El general Augusto Pinochet, ex dictador de Chile y actual comandante en jefe del ejército de ese país, será acusado ante la justicia este martes por su responsabilidad en 1.198 crímenes cometidos entre 1973 y 1990.
La acusación formal ante la Corte de Apelaciones de Santiago, según la cual Pinochet es responsable de desapariciones y muertes de opositores, será presentada por los abogados de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Se trata de la tercera acción judicial por graves violaciones de derechos humanos contra el ex dictador, lo que agrega tensión en el ambiente político chileno mientras se aguarda que su retiro del mando del ejército, tras el cual ocupará un asiento vitalicio en el Senado.
Cada día aumentan las presiones para que Pinochet no ocupe ese escaño y sea sometido a proceso penal y a un juicio político que, según el presidente interino de la oficialista Juventud Demócrata Cristiana (JDC), José Sabat, es "inevitable".
El octogenario militar se acerca al cuarto de siglo en el poder, aunque ya no es el mismo de 1973. Desde septiembre de ese año, cuando condujo el sangriento golpe de estado contra el presidente Salvador Allende, hasta su prevista llegada al Senado el 11 de marzo, Pinochet ha perdido influencia en Chile.
"En Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa" fue una frase que se le atribuyó durante la dictadura militar en la que detentó la presidencia (1973-1990).
Esa imagen se diluyó tras muchas manifestaciones en su contra, que incluyen la derrota en el plebiscito de 1988, cuando pretendió prorrogar ocho años su mandato presidencial, y el triunfo de presidentes opuestos a su pensamiento político en 1989, Patricio Aylwin, y en 1993, Eduardo Frei.
Sin embargo, la transición a la democracia se ha desarrollado en los últimos ocho años de acuerdo con lo establecido en acuerdos pactados por Pinochet y dirigentes de la coalición Concertación Democrática, gobernante desde 1990.
La constitución aprobada en un cuestionado plebiscito en 1980 y leyes fundamentales como la electoral, que mantiene un esquema bipartidista que dificulta la expresión de las minorías, se mantienen casi intactas.
Un tercio de los senadores no son electos por la ciudadanía pues son designados por el presidente o vitalicios (quienes hayan ocupado la presidencia al menos durante cinco años), lo que dificulta la aprobación o modificación de leyes.
Ni siquiera ha podido ser derogado el feriado del 11 de septiembre, instaurado por los militares para festejar el golpe de estado.
"La transición sirvió, pero ahora está empantanada porque depende de la derecha, que es más dura que años atrás", opinó Sabat.
El cargo de senador vitalicio es otra expresión del poder que detenta Pinochet desde que el presidente Allende lo designó comandante en jefe a mediados de 1973, pocos meses antes de que él mismo lo derrocara.
La dictadura también legó a los gobiernos democráticos un modelo económico que se mantiene casi intacto.
A Pinochet le esperan diversas manifestaciones de adversarios cuando se convierta el 11 de marzo en el primer senador vitalicio. Habrá desfiles, manifiestos y declaraciones pronunciadas en el Congreso por parlamentarios elegidos de Concertación Democrática.
Parlamentarios de derecha han manifestado su disposición a aplaudir la llegada del Pinochet así como la participación de otros senadores no elegidos, a los que se denomina "institucionales".
Las mayores concentraciones se registrarán en Santiago, la capital, y en Valparaíso, sede del Congreso, y no se descarta que ocurran en otras ciudades del país.
El gobierno exhortó a aceptar el nuevo destino de Pinochet como un hecho derivado de la transición de la dictadura a la democracia, pero el diputado Andrés Aylwin, de la gobernante Democracia Cristiana, tiene esperanza de que el ex dictador no se convierta en legislador.
Para Aylwin, la presencia de Pinochet en el Senado es "una provocación que va más allá de lo que la paciencia y la conciencia ética de nuestra sociedad puede aceptar y tolerar".
Diversos sectores de la Concertación Democrática son partidarios de presentar una acusación constitucional contra Pinochet para impedir que ejerza sus funciones parlamentarias.
El oficialista Partido Socialista acusará este lunes a Pinochet ante el Tribunal Constitucional para evitar que asuma en el Senado aludiendo a que no fue Presidente elegido democráticamente.
Brigadas de jóvenes del independiente Movimiento por la Dignidad Nacional, uno de cuyos conductores es el senador demócratacristiano Jorge Lavandero, recolectan firmas para que el gobierno convoque un plebiscito constitucional de modo de acabar con la figura del senador vitalicio.
Pinochet continúa gozando de poca simpatía fuera de Chile. El Parlamento Europeo declaró su repudio a la adjudicación de su escaño en el Senado.
En España está en curso desde 1997 un juicio contra Pinochet por su responsabilidad en los asesinatos de ciudadanos españoles ocurridos luego del golpe de Estado. Ese proceso se ha convertido en una suerte de juicio político contra la junta militar que lo acompañó en los primeros años de su gobierno.
Pinochet recibe nuevas acusaciones pocos días antes de que abandone el ejército, y podría ser procesado en Argentina por el asesinato en 1974 del general Carlos Prats y su esposa, Sofía, en Buenos Aires.
La muerte de Prats, antecesor de Pinochet al frente de las fuerzas armadas, siempre fue atribuida a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía política de la dictadura.
El general Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza están en prisión, condenados por haber ordenado el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, cometido en 1976 en Washington.
Contreras, ex jefe de la DINA y también de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que le sucedió, reconoció en declaraciones posteriores que su jefe directo era Pinochet y que le informaba a diario sus actividades.
Declaraciones como ésa, entre otras, prueban que Pinochet es culpable de miles de graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990, según organizaciones no gubernamentales y partidos de izquierda.
"No pierdo la esperanza de que en Chile alguna vez se haga verdadera justicia", comentó el diputado Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista, hijo del canciller asesinado.
"Pinochet tendrá que enfrentarse no sólo después de muerto sino ahora, en vida, a los juicios de los chilenos y de la comunidad internacional, y va a ser recordado siempre como un dictador responsable de muchos asesinatos", añadió.
Es "inconcebible" que Pinochet ocupe un escaño en el Senado, órgano que él mismo se encargó de clausurar a su llegada al poder hace casi 25 años, declaró el Partido Comunista. (FIN/IPS/gcm/mj/ip hd/98
