El futuro de los brasileños se decidirá esta semana en nuevas votaciones parlamentarias que conducirían a postergar la edad de jubilación de los trabajadores y abrirían el camino a nuevos despidos masivos de funcionarios públicos.
La enmienda constitucional que modifica la previsión social enfrenta las mayores resistencias, tanto en la Cámara de Diputados, que se pronunciará al respecto este miércoles, como en la población.
La Central Unica de Trabajadores (CUT) convocó a manifestaciones de rechazo a los proytectos del gobierno en todo el país y prometió reunir 3.000 sindicalistas en la Explanada de los Ministerios, plaza de Brasilia que sirve de sede a todos los poderes de la República.
El campamento de manifestantes provenientes de varias partes del país se erigió este lunes, y tomó como forma de expresión una gran ratonera de 3,5 metros de largo que simboliza el "robo de derechos" que la enmienda constitucional representa para los trabajadores.
El presidente de la Cámara, Michel Temer, anunció que no tolerará la repetición de los desórdenes del miércoles pasado, cuando el proyecto fue votado en la Comisión Especial.
Manifestantes invadieron la sala, hubo peleas y agresiones y la votación, favorable al oficialismo, debió ser realizada en otro local.
Pero hay obstáculos que pueden retrasar más aún la aprobación final de la enmienda, que ya lleva un retraso de dos años. Parte de los diputados oficialistas, incluyendo a Temer, aspira a a modificar el proyecto ya aprobado en el Senado.
Como se trata de una enmienda constitucional, modificaciones en una casa legislativa exigen nuevas votaciones en la otra. En 1997, la propuesta inicial, presentada por el gobierno, sufrió cambios en el curso del primer debate en la Cámara y otros en el Senado.
La aprobación exige votaciones en dos turnos. De esa forma el proyecto ya tuvo cuatro votaciones y será sometido a otras dos en la Cámara, la primera de las cuales tendrá lugar este miércoles si la oposición no logra obstruirla.
Si se producen modificaciones básicas al texto podría convocarse a una nueva ronda en el Senado.
El gobierno pretende imponer una edad mnima para la jubilación, de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. Actualmente el retiro remunerado es asegurado tras 35 y 30 años de trabajo respectivamente, pero varios mecanismos pueden reducir ese período.
El resultado es que la mayoría se jubila con poco más de 50 años de edad y muchas maestras con menos de 40, al poder hacerlo con 25 años de trabajo. El ministro de Previsión Social, Reinhold Stephanes, se presenta a sí mismo como un ejemplo, ya que se jubiló a los 46 años.
El sistema público de seguridad social es una de las principales fuentes del déficit fiscal, que los economistas ven como el gran factor de vulnerabilidad de la economía brasileña.
Las estimaciones indican que el déficit del sistema se acerca a los 5.000 millones de dólares. Las actuales reglas de jubilación harían que ese agujero en las cuentas públicas creciera aún más rápidamente, según las autoridades.
El ministro de Planificación, Antonio Kandir, instó a aprobar un proyecto de manera urgente, ya que el retraso de dos años ya provocó pérdidas de 8.000 millones de dólares a la previsión social, que superaron los 11.000 millonesal incluirse los intereses.
Esa situación impide al gobierno brasileño elevar el salario mínimo nacional, que hoy se limita a 108 dólares. Un aumento de ese ingreso beneficiaría a 13 millones de jubilados que ganan esa suma, ampliando el déficit del Instituto de Seguridad Social.
La CUT convocó a los actos de protesta por medio de avisos por televisión en los que sostiene que los trabajadores perderán derechos y tendrán que laborar hasta los 55 o 60 años para jubilarse.
El Ministerio de Previsión Social acusó a la central sindical de falsificar los hechos, ya que las nuevas condiciones sólo afectarán a los futuros trabajadores.
Además de ese tema polémico, el gobierno lucha por aprobar en el Senado, en votación defintiva también este miércoles, la reforma administrativa del Estado. El objetivo es permitir el despido de funcionarios públicos hasta ahora beneficiados por una estabilidad prácticamente absoluta.
La aprobación, ya considerada segura, de esa enmienda provocará principalmente la reducción del número de empleados de los gobiernos estaduales.
El despido de funcionarios será permitido siempre que los gastos salariales superen 60 por ciento de los ingresos fiscales de la administración en cuestión en todos los niveles.
Gobiernos estaduales y alcaldías constituyen otro gran obstáculo a la reducción del déficit público, que alcanzó 4,2 por ciento del producto interno bruto en 1997.
Algunps de esos gobiernos locales y estaduales gastan más de 90 por ciento de sus ingresos en el pago a funcionarios. (FIN/IPS/mo/dg/if-ip-lb/98
