En una coincidencia macabra, los gobiernos de Argentina y Uruguay parecen negar que en archidenunciados establecimientos donde se practicaron torturas y "desaparecieron" opositores políticos en los años setenta nada de eso ocurrió.
El diario uruguayo La República reveló este sábado que en la respuesta a un diputado de izquierda que le preguntaba qué había hecho el gobierno para averiguar el destino de los desparecidos, el Ministerio de Defensa respondió que no existe prueba alguna de que organismos de seguridad hayan secuestrado personas.
Paralelamente, al otro lado del Río de la Plata, en Buenos Aires, la misma cartera afirmaba que "no le consta" que en la Escuela de Mecánica de la Armada argentina (ESMA) haya habido gente secuestrada en los años de la dictadura militar (1976-1983).
De acuerdo a numerosos testimonios, esa dependencia fue uno de los mayores centros de detención clandestina en los años del terrorismo de Estado, y allí habrían sido detenidos, torturados, y en su mayor parte asesinadas unas 4.000 personas.
Fue incluso de ese establecimiento naval, que ahora el presidente Carlos Menem pretende demoler y elevar en su predio un monumento a "todas las víctimas" de los años setenta, que partieron los "vuelos de la muerte" para tirar secuestados en las aguas del Río de la Plata.
Ese hecho fue denunciado por el marino "arrepentido" Adolfo Sclingo, que reconoció también haber visto en la ESMA a un colega uruguayo, lo que prueba una vez más la existencia en aquellos años de una coordinación estrecha entre los organismos de represión de ambos países.
En Uruguay, de acuerdo al escrito elaborado por el ministro de Defensa, Raúl Iturria, y conocido este sábado, esa coordinación o colaboración nunca existió, y tampoco se detuvo en dependencias estatales a las personas que luego fueron denunciadas como desaparecidas.
Organismos de derechos humanos uruguayos consignan el secuestro y posterior "desaparición" de 140 personas desde el golpe de Estado de 1973 y hasta los años ochenta.
De ellas, 34 fueron secuestradas en territorio uruguayo, 98 en Argentina, seis en Chile y dos en Paraguay. Asimismo, desaparecieron en Uruguay siete argentinos y una paraguaya.
El documento de Iturria, en respuesta a una petición elevada por el diputado de la oposición de izquierda Víctor Semproni, se refiere a los casos de 26 desaparecidos uruguayos, secuestrados tanto en este país como en el extranjero.
En su texto de 90 páginas, señala La República, Iturria " se limita a aceptar las respuestas" que en su momento brindaron los órganos castrenses, y que en sustancia niegan que militares uruguayos hayan participado en secuestros en este país o en el extranjero.
Por otra parte, agrega el diario, "no toma en cuenta el trabajo" realizado por una comisión investigadora de la Cámara de Diputados en 1985 y que prueba que bajo la dictadura militar (1973- 1985) se cometieron todos los delitos denunciados por los familiares de las víctimas y organismos humanitarios.
El texto niega que se haya podido probar que personal militar haya secuestrado a las 26 personas cuyos casos se analizan o que esas personas hayan permanecido en dependencias de las Fuerzas Armadas o que hayan existido centros clandestinos de detención y tortura.
En 1997, el capitán Jorge Tróccoli, que a diferencia de su colega argentino Sclingo no se arrepintió de su actuación en la época del terrorismo de Estado, admitió que en Uruguay había habido desaparidos y que éstos estaban "todos muertos".
Entre los casos analizados se hallan los de opositores que fueron vistos por numerosos testigos en cuarteles o establecimientos "ilegales", tanto en Montevideo como en Buenos Aires.
Semproni exigió al gobierno cumplir la ley que en 1986 eliminó la posibilidad de todo castigo penal a los militares culpables de violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura, pero que al mismo tiempo obliga a investigar el destino de los desaparecidos.
Sin embargo, desde esa fecha el gobierno nunca realizó investigación alguna, como lo reconoció meses atrás el propio Iturria ante un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Ejecutivo uruguayo para que se ajuste al texto de la ley de 1986, ratificada en un plebiscito en 1989.
Los diversos jerarcas del gobierno de Julio Sanguinetti, al igual que los del anterior presidente Luis Lacalle y los jefes militares que se sucedieron desde 1985, coinciden en considerar "cerrado" el caso de los desaparecidos y repiten que ya no hay "nada que investigar".
El semanario Brecha de Montevideo constata la existencia de una "extraña coincidencia" en las actitudes de los gobiernos uruguayo y argentino en estos temas.
La ve, por ejemplo, en la obstrucción interpuesta por las autoridades de ambos países a la actuación del juez español Baltasar Garzón, que, en su investigación sobre la desaparición en Argentina de 200 ciudadanos de origen hispano, envió exhortos a militares uruguayos y argentinos implicados en esos casos.
También establece una coincidencia en la manera en que los gobiernos de Menem y Sanguinetti pretenden "archivar definitivamente" los hechos de los años setenta.
A la propuesta del mandatario argentino de elevar un monumento a "todos los caídos" le correspondió la idea de un senador oficialista uruguayo de erigir en Montevideo un "memorial" al que puedan asistir los familiares de los muertos "de ambos bandos" (supuestamente militares y guerrilleros).
"Se pretende eliminar la memoria y también reescribir la historia, equiparando a la acción del terrorismo de Estado con la de las guerrillas, como si hubieran sido lo mismo y hubieran tenido iguales responsabilidades", señalaba recientemente el dirigente humanitario argentino Emilio Mignone. (FIN/IPS/dg/dm/hd-ip/98
