Grupos de derechos humanos de Argentina identifican con carteles o grafitti las viviendas de militares participantes en la represión ilegal de los años 70 y principios de los 80, para advertir a los vecinos que conviven con secuestradores o torturadores.
Madres, hijos, abuelas y otros familiares de detenidos y desaparecidos durante el régimen militar (1976-1983) se apuestan periódicamente frente a la vivienda de los represores, libres por las leyes de amnistía.
Allí, pegan afiches con sus rostros y sus currículum y pintan las paredes con consignas o acusaciones de "asesino" o "torturador". Desde que comenzó la campaña este año, tres militares o ex militares fueron señalados por las organizaciones.
La identificación, realizada en base a los archivos de los grupos y los de la justicia, suele causar sorpresa e indignación entre los vecinos, pero este miércoles la reacción fue la más adversa hacia el represor por la gravedad de las acusaciones en su contra.
La tercerda demostración se produjo frente al edificio donde vive el teniente retirado Jorge Radice, acusado de secuestrador y torturador, quien fue secretario personal del ex integrante de la junta militar que dio el golpe de estado de 1976 Emilio Massera, condenado por la justicia y luego indultado.
Radice administró una inmobiliaria creada para lucrar con las propiedades robadas a las víctimas de los secuestros.
"Me parece perfecto que los señalen. Yo no sabía quien era, pero ahora lo sé y quiero que se vaya del barrio, o mejor del país", comentó un estudiante al conocer la verdadera identidad de Radice.
"Felicito a las madres que hacen esto. No quiero tener que caminar junto a ellos", dijo llorando una mujer de 70 años antes de abrazarse a su esposo.
Radice debió presentarse este jueves ante la Cámara Federal para declarar sobre el destino final del escritor y periodista Rodolfo Walsh, secuestrado y asesinado en 1976.
A pesar de que los militares acusados de violaciones de derechos humanos fueron amnistiados, los familiares iniciaron la causa para conocer el paradero de su cadáver y sus últimos manuscritos.
En esa misma causa declaró en enero el ex capitán Alfredo Astiz, destituído ese mismo mes luego de reivindicar la represión ilegal. Astiz participó activamente de secuestros y torturas y fue condenado por homicidio en Francia, razón por la cual no puede salir del país sin ser detenido por Interpol.
Radice es una figura menos conocida por el público. De hecho, la mayoría de los vecinos manifestaron sorpresa e indignación al saber que el ex represor vivía entre ellos con su esposa y sus hijos.
Al salir de su casa este jueves, el militar lamentó por sus vecinos que se hubiera empapelado el edificio con su rostro y sus antecedentes. No negó haber trabajado en uno de los llamados Grupos de Tareas de la Marina, pero sí estar involucrado en torturas, secuestros y robo.
Radiche negó haber administrado la inmobiliaria que vendía propiedades de las víctimas transferidas a los represores, aunque hay pruebas de su participación en este delito. Se estima que la Marina acumuló un botín equivalente a 70 millones de dólares entre dinero y bienes robados.
Como muestra de su inocencia, dijo que nunca se ocultó y que siempre vivió en ese edificio con su nombre. Pero Tati Almeida, una madre de desaparecidos que participó activamente en la campaña, dijo que eso, más que prueba de inocencia, lo es de impunidad.
"Por eso hacemos esta campaña. Si la justicia y las leyes permitieron la impunidad, al menos que la sociedad los condene moralmente", remarcó Almeida.
La mujer, integrante de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, destacó que algunos vecinos reaccionaron llorando con emoción y las abrazaron agradeciéndoles su tarea de esclarecimiento.
Otros recordaron haber sido víctimas más o menos directas del régimen y manifestaron su temor por tener que vivir y caminar por las calles junto a personas que cometieron tan graves delitos.
Radice, al igual que Astiz, fue beneficiado junto a otros 1.000 militares por las leyes de punto final y obediencia debida que frenaron procesos por delitos graves contra los derechos humanos.
En el caso de los ex comandantes, que ya estaban condenados, recibieron un indulto presidencial después de pasar algunos años en la cárcel.
En lo que va del año, el tema de las violaciones a los derechos humanos cobró nuevo impulso a pesar de que pasaron ya más de 20 años desde que se produjeron las desapariciones de al menos 10.000 personas, según consta en los registros oficiales.
Almeida advirtió que serán "muchos más" los ex represores que serán denunciados ante sus vecinos en las próximas semanas. (FIN/IPS/mv/mj/hd ip/98
