El general Antonio Bussi, jerarca de la dictadura militar argentina y actual gobernador de una provincia, admitió hoy que tuvo una cuenta en un banco suizo que evitó declarar.
No obstante, negó que esa cuenta haya sido abierta durante el régimen militar (1976-83), como sospecha la justicia española que investiga el patrimonio de unos cien represores que podrían haberse enriquecido con bienes robados a sus víctimas.
Tras cuatro días de confusas respuestas, Bussi confesó que tuvo una cuenta en Suiza desde 1986 hasta 1996, año en que fue elegido gobernador de la provincia de Tucumán.
Sin embargo, no la incluyó en su declaración patrimonial de 1993, cuando fue elegido diputado por su provincia, y sólo dijo tener un apartamento en Buenos Aires y efectivo por 100.000 dólares en un fondo de ahorro y seguros de la institución militar.
El general dijo que obró de esa manera en razón de la crisis financiera argentina, el cierre de bancos y la falta de confianza de los ahorristas, aunque su decisión de mantener el dinero en el exterior se prolongó hasta cinco años después que comenzó la estabilización monetaria en este país.
Bussi, que fue comandante del Tercer Cuerpo del Ejército durante la dictadura (1976-83), es responsable de la desaparición de 600 personas, pero las leyes de amnistía lo liberaron de proceso.
Su popularidad en Tucumán le permitió ser elegido gobernador en 1996, pero nunca se manifestó arrepentido de sus delitos. A al contrario, dijo estar "orgulloso".
Este jueves, cuando los rumores de su renuncia eran fuertes, confesó que "como millones de argentinos" eligió poner parte de su dinero en efectivo al mejor resguardo. "Era el dinero que pensaba transferir a mis hijos", declaró. Se estima que la cuenta tenía unos 100.000 dólares.
La investigación del patrimonio de Bussi comenzó cuando el juez español Baltasar Garzón, que investiga la desaparición de españoles en Argentina, pidió a la fiscalía suiza que responda si unos 100 militares represores tenían en ese país cuentas o cajas de seguridad que guarden información sobre las víctimas.
La fiscalía respondió que al menos seis militares de la nómina tienen o tuvieron cuentas en ese país.
Uno de ellos es Alfredo Astiz, el capitán de la Marina destituido este año por su reivindicación de la represión ilegal. Su vocero admitió que las Fuerzas Armadas le abrieron una cuenta en los años 70 para sus operaciones de inteligencia en el exterior entre los grupos de exiliados.
Otro es Bussi, según se conoció al comenzar esta semana.
El actual gobernador de Tucumán evitó hacer declaraciones al principio. Luego, sollozando, declaró que se pondrá a disposición de la justicia "argentina" -que no lo convocó-, culpó a sus opositores por una presunta campaña para difamarlo y no negó ni admitió tener esa cuenta bancaria.
Un día después negó haber tenido una cuenta en Suiza.
Cuando los legisladores de su provincia amenazaban con reclamar el allanamiento de la sede gubernamental para conocer su declaración de bienes al asumir la gobernación, el Congreso abrió el sobre con la declaración que había hecho Bussi al ser elegido diputado en 1993.
En esa declaración, el entonces diputado no incluyó el dinero depositado en su cuenta en Suiza. Para 1996, cuando fue elegido gobernador, tampoco lo hizo porque, según confesó días antes de asumir, había cancelado esa cuenta trayendo de vuelta sus ahorros a este país.
Ahora, los legisladores opositores en su provincia intentan avanzar en la investigación para suspender o inhabilitar al gobernador por evasión fiscal, fraude y eventualmente robo, si se comprueba que el dinero de Bussi es parte de los 70 millones de dólares que los represores habrían robado a sus víctimas entre dinero y bienes. (FIN/IPS/mv/dg/ip-hd/98))
