En sociedades cada vez más polarizadas como las latinoamericanas, en las que existe la sensación del aumento de la delincuencia, la población tiene creciente tendencia a hacerse cargo de su propia seguridad.
Una investigación sobre "Criminalidad urbana en América Latina" realizada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determina que son los sectores sociales medios los que más han aumentado su propensión a armarse.
Eso se comprueba en países considerados hasta hace muy poco "prototípicos de clase media", como Argentina o Uruguay y en menor medida Chile, señala por otro lado un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales de Buenos Aires.
"La autodefensa aparece como un recurso legítimo para sectores que se sienten cada vez más acorralados por el aumento de la delincuencia, protagonizada por cada vez más violentos sectores marginales", indica el psicólogo social argentino Mauricio Silberstein.
"Esas capas sociales, que se vieron particularmente afectadas por la liberalización económica emprendida desde los años ochenta y que pretenden preservar a toda costa sus ventajas, tienden a pertecharse, se encierran en barrios concebidos como búnkers, se rodean de dispositivos de seguridad, y se arman", agregó.
El informe de la OPS señala a Caracas como la ciudad con mayor índice de posesión de armas de fuego. Cerca de 10 por ciento de los pobladores de la capital de Venezuela admiten tener un revólver o una pistola en su domicilio y 32 por ciento dicen que piensa hacerlo a corto plazo.
Siguen, en orden decreciente, los habitantes de Santiago de Chile (8,9 por ciento de ellos poseen un arma de fuego), San Salvador (6,8), Medelllín (Colombia, 5,1 por ciento) y Río de Janeiro (4,5).
San Salvador ocupa el primer lugar en cuanto a asaltos a mano armada, que suman más de 20 por ciento del total de los delitos registrados en el país, seguida de Caracas (18,6) y Cali (Colombia, con 15,9).
En Medellín, 9,4 por ciento de los habitantes afirman tener un pariente asesinado en hechos delictivos, al igual que 8,6 por ciento de los caraqueños y 8,4 de los residentes en Medellín.
En los últimos cinco años murieron en Venezuela a raíz de hechos delictivos más de 20.500 personas, 70 por ciento de ellas en Caracas.
En esa ciudad se hicieron habituales los "ajusticiamientos" de delincuentes a palazos o golpes de barras de hierro y piedras. Los hechos se registran sobre todo en las áreas marginales, donde viven la mitad de los cuatro millones de caraqueños, pero también en barrios menos pobres.
"Los caraqueños piensan que los cuerpos policiales no funcionan, sienten que tienen que defenderse por su propia cuenta y eso es un retroceso del Estado de derecho", advirtió el sociólogo venezolano Roberto Briceño León, participante en el estudio de la OPS.
En Uruguay, el Ministerio de Defensa registra unas 24.000 armas por año, 40 por ciento de las cuales son de bajo calibre y no necesitan autorización del Ministerio del Interior para ser adquiridas.
En total, hay registradas 537.000 armas en Uruguay, un país de 3,1 millones de habitantes.
Esa cantidad comprende las que manejan policías y soldados, pero en ese caso se trata de armas de servicio que por lo general "duermen en los hogares de cada uno de ellos", según el subsecretario del Ministerio del Interior Washington Bado.
Si bien no es posible disponer de estadísticas fiables al respecto, las autoridades policiales calculan que más de 20.000 armas son adquiridas cada año por los uruguayos en el mercado negro.
En Montevideo es posible actualmente comprar un revólver calibre 22 en las más de cincuenta armerías de plaza por menos de 50 dólares, exhibiendo únicamente un documento de identidad que acredite la mayoría de edad del cliente.
Para otros calibres se requiere autorización especial del Ministerio del Interior.
El mismo "boom" armamentista se registra en Buenos Aires y su periferia, donde más de 1,6 millones de personas declararon legalmente la tenencia y otros tantos habrían comprado armas de fuego en el mercado negro, según admitieron fuentes del Ministerio del Interior al diario Página 12.
Más de 60 por ciento de las armas registradas pertenecen a usuarios particulares, que justificaron su tenencia por razones de seguridad personal.
En ambos países del Río de la Plata y en Brasil se han presentado proyectos para restringir la venta de armas a los particulares.
Uno de los argumentos principales a favor de ese tipo de medidas es el peligro de que cada vez más personas "tomen justicia por mano propia", y también se menciona el alto número de muertes producido por accidentes en la manipulación de armas de fuego.
En Uruguay, el Ministerio de Salud Pública señala que cada año fallecen más de 100 personas por ese motivo. Entre 1987 y 1991 unos 30 menores de 15 años perdieron la vida de esa manera.
Pedro Martínez, coordinador de la Jefatura de Policía de Montevideo, se dijo contrario a imponer limitantes legales a la tenencia de armas por particulares.
"Es mejor saber quién tiene armas y de qué tipo a ignorarlo. Si se decide aplicar restricciones, la gente adquiere igual revólveres, pistolas y hasta pistolas ametralladoras en el mercado negro", observó Martínez. (FIN/IPS/dg/ff/pr/98
