Los gobiernos de América darán la próxima semana en Venezuela los primeros pasos para asumir compromisos colectivos de control del financiamiento de campañas electorales, con una reunión sobre las contribuciones a los candidatos.
"El objetivo es proteger la democracia, y hacerlo con el instrumento esencial del sistema democrático: las elecciones", indicó este sábado Francisco Paparoni, embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
La reunión de dos días será inagurada el lunes por el secretario general de la OEA, el colombiano César Gaviria, y en ella participarán representantes gubernamentales de 30 de los 34 países miembros del organismo, así como observadores de nueve naciones de otros continentes.
La iniciativa de avanzar hacia reglas hemisféricas en materia de transparencia electoral se adoptó en la asamblea general de la OEA, realizada en Lima en 1997, y tomará un cuerpo más definitivo en un encuentro similar que tendrá lugar en Caracas, en junio.
El canciller venezolano, Miguel Angel Burelli, aseguró que no se trata sólo de "mejorar la cara de la democracia", sino de modificar actitudes y culturas, que "conllevan el peligro del origen dudoso de los recursos en las campañas".
En Caracas se manejarán dos opciones para instrumentar medidas colectivas que hagan más equitativos, trasparentes y moderados los recursos que cada candidato y cada grupo electoral utilizan durante la campaña, según se anticipó.
Una de las opciones es que la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA haga un análisis comparativo de normas legales que regulan las campañas en materia de fondos en cada país miembro. La segunda consiste en elaborar leyes-modelo para que cada país las incorpore a sus instrumentos de control electoral.
Esta última sería la más efectiva, pero se anticipa que encontrará mayores resistencias entre los gobiernos americanos.
Un documento elaborado para la reunión establece que hasta ahora las legislaciones latinoamericanas han introducido controles en aspectos como cantidad de recursos, origen y equidad en su distribución. Pero lo han hecho de una forma que no asegura la transparencia de los fondos.
Sobre el volumen de fondos, se tiende a fijar límites máximos a los gastos de las campañas, e incluso en algunos países se fijan topes a los aportes de personas o empresas a un candidato, pero se imponen pocos controles a los gastos electorales.
En cuanto al origen, las medidas actuales prohiben el anonimato de las fuentes financieras y en algunos casos se exige un control de cada contribuyente. La equidad es garantizada por el aporte de espacios gratuitos a los aspirantes a cargos de elección y la limitación del tiempo de las campañas.
Pero este tipo de controles no dan garantía real. Los límites a los aportes, por ejemplo, se imponen a los recursos monetarios, y no a contribuciones en equipos, inmuebles, servicios, publicidad, medios de comunicación y transporte.
Además, las legislaciones creadas en muchos casos por presión de la sociedad civil no son respaldas en forma suficiente por las instituciones y los partidos, de manera que las autoridades independientes, cuando existen, se encuentran sin recursos e instrumentos para ejercer lo que las leyes determinan.
La reunión de Caracas estará dividida en cuatro áreas de análisis, comenzando por el de las contribuciones y su necesaria relación con las circunstancias políticas, económicas y sociales internas.
También se estudiará la naturaleza, límites, origen y equidad de las contribuciones, junto con las características y evolución de los controles legales al financiamiento de las campañas en el continente.
Un cuarto aspecto consistirá en establecer un mecanismo permanente de cooperación e intercambio de experiencias de transparencia electoral. (FIN/IPS/eg/ag/ip/98
