Cada vez más leyes contra los extranjeros, en particular los solicitantes de asilo de Europa oriental, los Balcanes y el mundo en desarrollo, alientan el racismo en Alemania, alertaron grupos de derechos humanos y voluntarios.
Alemania se está convirtiendo en un país hostil al mundo exterior, alertó, entre otras, la organización Pro-Asyl, que asiste a refugiados en Frankfurt. Las autoridades alemanas apelan a muchos métodos para negar a los extranjeros de sus derechos legítimos, agregó.
El Senado aprobó el día 9 un proyecto de ley que niega a los solicitantes de asilo asistencia estatal si no logran demostrar "temor bien fundado de persecución" ni imposibilidad de retornar a su país de origen. La iniciativa también prohíbe a los solicitantes buscar empleo.
Esta norma es una muestra de "racismo institucionalizado en las más altas autoridades", dijo Heiko Kauffman, portavoz de Pro- Asyl, quien informó que su grupo y otros tratarán de impedir que la cámara baja sancione la ley en abril, como se prevé.
Pro-Asyl afirma que las nuevas medidas contra los extranjeros brindan a los extremistas de derecha municiones para atentar contra los solicitantes de asilo.
Algunos gobiernos estaduales ya se preparan para poner la norma en práctica, al transferir el costo financiero de la acogida a los solicitantes de asilo a las ya apremiadas organizaciones humanitarias como la católica Caritas, entre otras dependientes de iglesias cristianas.
Las autoridades locales dicen gastar entre 600 y 700 dólares por día por cada solicitante de asilo. Algunas administraciones, com la del estado de Brandemburgo, cerca de Berlín, procuran excepciones para grupos específicos de extranjeros, como los bosnios.
Pero las organizaciones humanitarias alertan que la norma, que detendría todos los pagos de servicios sociales (entre ellos los de alquiler y tratamiento médico), es apenas una de una serie de medidas pergeñadas para detener el flujo de extranjeros en general, y no sólo de solicitantes de asilo.
El partido Unión Social-Cristiana (CSU) de Baviera afirmó que el control de todos los tipos de inmigración de fuera de la Unión Europea a Alemania es uno de los principales puntos de su plataforma con miras a las elecciones federales previstas para febrero.
El gobierno del estado de Baviera propone limitar de 16 a 10 la edad de los menores que pueden reunirse con sus padres extranjeros.
Algunos extranjeros que procuran reunirse con sus familiares en Alemania ya son objeto de pruebas genéticas en la embajada alemana en Turquía, según la publicación Noticias sobre Migración.
Se ha establecido, incluso, que los taxistas en algunos estados como Saxony controlen la identidad de sus pasajeros si sospechan que se trata de inmigrantes ilegales o solicitantes de asilo. Si gracias a ellos ingresan a Alemania, los taxistas, al igual que las compañías aéreas, deberán pagar una multa.
La CSU fue acusada de emplear tácticas intimidatorias al advertir que cientos de miles de solicitantes de asilo e inmgrantes se dirigirán a Alemania a menos que se tomen medidas dramáticas.
Grupos humanitarios denuncian que los políticos derechistas de Alemania están infundiendo el "pánico" desde la llegada a Italia de miles de kurdos de Turquía a fines del año pasado.
Los dirigentes están convencidos de que la inmensa mayoría de quienes pretenden llegar a Europa eligen Alemania porque así podrán vivir del estado. "La ley es más liberal y los beneficios sociales son más altos que en otros países", según el ministro del Interior de Baviera, Guenther Beckstein.
Los políticos insisten en que las restricciones son necesarias para frenar las bandas que trafican seres humanos, a las que responsabilizan de abrir las puertas de Europa a miles de extranjeros.
El proyecto de ley fue impulsado en una atmósfera de xenofobia e ignorancia alimentada por advertencias de un desempleo sin precedentes a corto plazo.
La norma tendrá el efecto de "empujar a los desfallecientes solicitantes de asilo" a sus países de origen, en especial a unos 200.000 bosnios en Alemania.
La iniciativa introduce la prohibición general de búsqueda de empleo para los solicitantes de asilo, en momentos en que existen 4,8 millones de desocupados en Alemania, la cifra más elevada desde la segunda guerra mundial.
Los solicitantes son por lo general sujetos en Bavaria a exámenes de manejo de lenguaje oral y escrito para comprobar su origen. Pro-Asyl advirtió que esos exámenes sólo pueden ser efectuados por expertos en etnolingüística, que son muy pocos en toda Europa.
A eso se suma que las fronteras lingüísticas no siempre coinciden con las nacionales, lo que convierte el rechazo a un solicitante de asilo con ese argumento en un asunto cuestionable.
Políticos de Baviera propusieron también prohibir a los solicitantes de asilo que contraigan matrimonio mientras sus casos son estudiados, "para impedir que pasen por alto los procedimientos de asilo mediante casamientos por conveniencia".
Pro-Asyl consideró la propuesta como "propia de la mentalidad del apartheid", pero Beckstein replicó que su intención era sólo la de concienciar a las autoridades sobre la posibilidad del matrimonio por conveniencia.
Posteriormente, Beckstein se vio obligado a declarar públicamente que no habría prohibición de casamiento, una medida que atentaría contra las convenciones internacionales de derechos humanos.
Un documento aprobado el martes 17 por el Parlamento Europeo establece que "todos los inmigrantes deben ser tratados sin discriminación" y "con respecto hacia sus derechos sociales, económicos y cívicos".
Sin embargo, activistas de los derechos humanos sostienen que esos derechos se violan en forma cotidiana. (FIN/IPS/tra-en/ys/pd/mj-ml/hd-pr/98
