VENEZUELA: Gobierno busca nueva sombra del FMI

Una Venezuela con la cara lavada por la apertura petrolera y la venta de su acería, con sus arcas repletas de reservas, se presentará el lunes ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para pedirle respaldo con un programa sombra.

Este acuerdo "no implica desembolso", recordó el ministro de Hacienda, Freddy Rojas, al anunciar la misión. "No estamos negociando con el FMI para buscar recursos financieros, sino una supervisión que nos permita aumentar la credibilidad de nuestro programa macroeconómico".

Se trata además de un programa de corto plazo, sólo para el año 1998, al cabo del cual se elegirá al sucesor del presidente Rafael Caldera hasta el año 2004. "Otra clase de programa ya dependerá de quienes aspiran gobernar", dijo Rojas.

Pero además de aval e imagen, el gobierno necesitaría apoyo técnico e incluso la "coartada" -ante los sindicatos de empleados públicos y las administraciones regionales- que proporciona un pacto con el FMI para "apretarse el cinturón".

Distinto del actual fue el que el gobierno venezolano negoció en 1996, cuando Caldera hizo a un lado su promesa de que no se arrodillaría ante el FMI, y mientras lanzaba un duro programa de ajustes pactó con el Fondo un acuerdo "stand by".

Ese programa puente de corto plazo implicó aportes de 1.500 millones de dólares del FMI para fortalecer las reservas, pero no hubo necesidad de tomar más que unos 500 millones de dólares, porque las reservas de Venezuela crecieron vertiginosamente con ingresos por ventas e inversiones petroleras.

Al cierre de 1997 Venezuela tenía 18.000 millones de dólares en reservas, equivalentes a un año y medio de importaciones, recordó el viceministro de Planificación, Fernando Hernández, lo que sirve a un tiempo como carta de presentación y constancia de que sus dificultades se ubican en el sector interno.

También Venezuela exhibe su apertura económica luego que en 1996 desmanteló los controles que rigieron durante dos años, la llegada de capitales privados a la industria petrolera nacionalizada en 1976 y la privatización de Sidor, la única gran acería que restaba en manos de un Estado en América Latina.

Junto a esas cifras en negro se yergue el peligro de las cuentas en rojo, girando alrededor de la inflación, la más alta de América Latina, a su vez basada en el gasto fiscal y la expansión de la masa monetaria, dos "potros sueltos" cuya doma reclama el FMI.

"Es muy complicado mantener el control y la austeridad en un año electoral", admitió el director del Banco Central Domingo Maza, "pues es difícil que las presiones sociales se contengan. Y para controlar la inflación se requiere disciplina fiscal muy fuerte y manejo eficaz de la política cambiaria".

El gobierno registró en 1997 un superavit de 2,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) -tras un desastroso cierre de cuentas en 1995 y un equilibrio en 1966-, pero su previsión para 1998 es de 1,3 por ciento, pese a estimados de ingresos fiscales récord, por 21.500 millones de dólares.

Esa propensión al gasto será difícil de resistir. Cuando la misión técnica de Venezuela aterrice en Washington el lunes, unos 26.000 médicos estarán en pie de guerra en demanda de alzas de salarios, agitando el fantasma del abandono de hospitales que cumplieron hace un año y durante el cual murieron 13 pacientes.

Tras ellos están 250.000 docentes de ensenanza básica y secundaria, 55.000 profesores universitarios, y los empleados de empresas autónomas como el Metro de Caracas, a las que se ordenaron ajustes. Otro tanto se dispuso para las de servicio de agua, ferrocarriles y varias de electricidad.

El cortejo de demandas aún no termina: están las 22 gobernaciones de estados y 330 alcaldías que reclaman al gobierno central recursos con los cuales pagar a sus empleados los ajustes salariales generales que decreta el Ejecutivo Nacional.

Y, también, la deuda social impaga: "En 1997 se consolidó la característica más resaltante de la realidad venezolana en los últimos tiempos, que es el empobrecimiento continuo de la población", dijo el miércoles al abrir la 69 conferencia de obispos católicos su presidente, Tulio Chirivella.

El programa de ajustes "afecta considerablemente los ingresos de una porción significativa de la población, cuyos derechos al empleo y a la seguridad social son vulnerados", dijo Chirivella.

"Los obispos tienen razón", admitió el ministro de Planificación, Teodoro Petkoff. "El arranque hacia la recuperación del país ha comenzado por los grandes números, pero la situación sigue siendo delicada".

Petkoff recordó los logros de 1997, según las cifras oficiales, al lograr que bajara la inflación de 102 a 37 por ciento, creciera la economía cinco por ciento y se mantuvieran las reservas elevadas.

"Pero necesitamos esfuerzos para crecer durante varios años consecutivos a un ritmo de seis a siete por ciento anual, y bajar la inflación a menos de 10 por ciento, lo que será posible en el curso de los dos próximos años", dijo Petkoff.

Para 1998 la aspiración oficial es que la inflación se mantenga por debajo de 25 por ciento, es decir, la misma meta de 1997, cuando trepó a 37 por ciento, según el Banco Central, y al menos a 40 por ciento, según fuentes independientes. (FIN/IPS/jz/ag/if/98