Los empresarios y los sindicatos de Venezuela se enfrentan con propuestas divergentes sobre el pautado incremento del salario mínimo, un factor determinante para la conflictividad social durante este año electoral.
El salario mínimo se situó en julio en 150 dólares con el compromiso de ser revisado en enero por la Comisión Tripartita de representantes empresariales, laborales y el gobierno, que en 1997 logró un acuerdo para flexibilizar el régimen laboral venezolano y reformar el colapsado sistema de seguridad social.
La Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) planteó elevar el salario mínimo, el único que regula aún el gobierno, al equivalente a 240 dólares, mientras que la Federación de Cámaras Empresariales (Fedecámaras) pidió contenerlo en 177 dólares.
El ministro de Planificación, el socialista Teodoro Petkoff, dijo este miércoles que la cifra que presentará el gobierno la próxima semana se va a acercar más a la de Fedecámaras que a la de la CTV, porque la demanda sindical desbordaría la inflación.
Colectivos laborales del sector público, como médicos y maestros, aguardan la decisión sobre el salario mínimo a fin de usarlo en sus tensas discusiones para la revisión de sus escalas salariales, con la amenaza de huelgas indefinidas ya en la mano.
Petkoff y la ministra del Trabajo, la académica María Bernardoni, adujeron que el incremento no podrá superar la tasa de inflación prevista para 1998, que es de 25 por ciento, después de un bienio de altos movimientos en el índice de precios.
El ministro de Planificación indicó que el nivel propuesto por la CTV significa un aumento de 60 por ciento, que se traduciría en una inflación de 49 por ciento, que afectaría especialmente a las capas más bajas de la escala salarial, el precario sector informal y el millón de personas desempleadas.
Los técnicos oficiales indican que el salario mínimo de equilibrio estaría en torno a 188 dólares mensuales.
Venezuela ostenta desde hace tres años la inflación más alta de América Latina y en 1996 tuvo una tasa sin precedentes de 103 por ciento, para situarse en 38 por ciento en 1997, cuando la economía creció cinco por ciento, tras un trienio recesivo.
Desde 1995 hasta julio pasado, el salario mínimo se precarizó, hasta ubicarse en 1996 en sólo 32 dólares, mientras el gobierno del independiente democristiano Rafael Caldera avanzaba en la revisión del régimen laboral, en medio de la recesión, alta inflación y una masiva devaluación.
El ingreso de los trabajadores era compensado por una acumulación de bonos, hasta que con el cambio de régimen fue eliminado el sistema que forzaba a pagar las prestaciones acumuladas, según el último salario devengado.
Esa retroactividad, una de las mayores conquistas laborales de la democracia que este viernes cumple 40 años, era considerada por empresarios e inversores externos como un dique contra su actividad, el empleo y el reequilibrio salarial con la inflación.
El secretario general de la CTV, el socialcristiano Carlos Navarro, dijo a IPS que resulta una burla que los empresarios hayan indicado por años que la eliminación de la llamada retroactividad acumalada les permitiría duplicar los salarios y ahora planteen un aumento irrisorio.
La suma de salario y bonos que no incidían en las prestaciones llevaba antes del cambio de régimen laboral el ingreso mínimo a una cifra cercana a 122 dólares, por lo que en buena parte el incremento de junio se basó en "salarizar bonos", recordó.
El presidente de Fedecámaras, Francisco Natera, aseguró que cualquier incremento por encima de los 177 dólares se traducirá en desempleo y cierre de pequeñas y medianas empresas, que aún no se reactivaron y deben asumir el paquete de pagos que acompañó el acuerdo tripartito de nuevo régimen laboral.
Natera afirmó que el salario mínimo también tiene que responder a las perspectivas de desaceleración de la economía que impondrá la caída de unos 1.500 millones de dólares de ingresos por petróleo, principal motor económico del país.
Edmond Saade, presidente de la firma encuestadora Datos, indicó que el poder adquisitivo de la población venezolana de 22,8 millones de personas cayó en 65 por ciento en los últimos 20 años, en un proceso que se agudizó en esta década.
Precisó que incluso en un año de reactivación y mayores ingresos por los acuerdos laborales tripartitos, el consumo por habitante en alimentos siguió cayendo y lo hizo en 19 por ciento, consolidando el problema de "una población subalimentada".
Datos comparativos de organismos regionales indican que el salario mínimo de Venezuela ocupaba el séptimo lugar en la región al cierre de 1997, pero la capacidad adquisitiva es una de las más bajas, debido a la alta inflación.
Navarro recordó que la canasta alimentaria esencial, según los cálculos de CTV, se sitúa en 280 dólares mensuales para un hogar de cinco personas. Y aseguró que en los estratos más pobres sólo 1,1 de esos cinco miembros tiene trabajo, con la carga adicional de que se trata de grupos que tienen al frente sólo a una mujer.
Cifras de la estatal Oficina de Estadística e Informática situaron este mes el costo de esa canasta esencial en 188 dólares y afirmaron que en un hogar de cinco personas hay 1,9 empleadas.
El presidente de la CTV, el socialdemócrata Federico Ramírez, advirtió que los empleadores públicos y privados deben tener en cuenta que "hay una masa laboral en situación insostenible" y que el "baño de agua fria" de la propuesta de Fedecámaras "va a caldear" el ambiente.
Las cifras oficiales indican que en Venezuela creció la pobreza en 10 por ciento en 1977 y que 68,7 por ciento de los hogares son pobres, 40,3 por ciento en forma crítica. Además, los trabajadores en el sector informal son 48 por ciento del total y la mujer tiene una tasa de desocupación de 14,2 por ciento.
El director del Banco Central Domingo Maza, un antiguo marxista, anticipó este mes que la negociación del salario mínimo va a ser clave en las posibilidades de contener las presiones laborales y sociales en un año difícil para el control del gasto por su carácter electoral.
En las elecciones del 6 de diciembre se escogerá al sucesor de Caldera desde febrero, el parlamento nacional, los gobernadores, los alcaldes, las asambleas estaduales y los concejos edilicios, en la primera ocasión en que coinciden los comicios presidenciales y legislativos con las regionales y municipales. (FIN/IPS/ag/eg/if/98
