Los negocios ilegales tradicionales en Paraguay continúan vigentes, casi nueve años después del restablecimiento de la democracia, aunque sus cabecillas perdieron libertad de acción y vínculos con el círculo de poder.
La mayoría parlamentaria opositora obligó al gobierno a negociar cargos y medidas, lo que restó respaldo a los delincuentes, así como la sustitución de magistrados de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Pero el robo de autos y combustible, el tráfico ilegal de mercancías, drogas, armas y oro, las actividades de un circuito financiero "en negro", la piratería de marcas y la falsificación de productos siguen.
Autoridades de países vecinos y Estados Unidos afirman que el submundo de sus enclaves fronterizos financia guerrillas y mafias en el resto del mundo.
Los empresarios que operan "en negro" en Paraguay añoran la época en que un único repartidor de naipes organizaba el juego, papel que cumplía el dictador Stroessner, hoy exiliado en Brasil.
El trípode gobierno-ejército-Partido Colorado funcionó como aceitado esquema de prebendas a cambio de sumisión, represión de disidencias e identidad de la burocracia con la afiliación partidaria.
Durante 35 años, solo prosperó el fiel al régimen o quien pagaba soborno a sus representantes.
En el primer grupo figura el actual presidente, Juan Carlos Wasmosy, quien amasó su fortuna en los años 70 como uno de los adjudicatarios de la construcción de la represa de Itaipú, que Paraguay comparte con Brasil.
Por el segundo grupo pasaron miles de empresarios y despachantes de aduana que convirtieron a Paraguay en una verdadera zona franca para el tránsito comercial, tanto legal como ilegal, hacia países vecinos.
A pocos kilómetros de Itaipú se ubica Ciudad del Este, cuya prosperidad "acabará en dos años, si las autoridades de Brasil siguen ahogando el paso de mercancías", dijo Marcelo Recanate, director de American Trading.
Los padres de Recanate fundaron el Shopping Vendome, beneficiado durante una década por el turismo de compras de miles de "sacoleiros", nombre que recibe el pequeño contrabandista brasileño que lleva mercancías desde Paraguay a Sao Paulo y Brasilia.
Brasil redujo en 1995 el tope admitido de compras por parte de sus nacionales en Paraguay, de 250 dólares a 150. Argentina, por su parte, afectará al comercio de Asunción cuando se instale en enero una zona franca en Clorinda, provincia de Formosa, a 10 kilómetros de la capital paraguaya.
Además, el movimiento de dinero "en negro" del comercio encontró límites en las leyes sobre el sistema bancario votadas tras la crisis financiera de 1995, que evitó la proliferación de depósitos y maniobras irregulares.
El gobierno debió gastar casi 1.000 millones de dólares en dos años para pagar a los ahorristas defraudados e incluso para pagar a quienes depositaban su dinero al margen de la contabilidad legal y que, no obstante, lograron la aprobación de una ley que los protegiera.
Desde entonces han quebrado, han sido intervenidas o cerrado 30 de las 103 entidades financieras existentes. El gobierno obligó registrar a todos los operadores del mercado, aunque falta aún capacidad de supervisión.
Un enjambre de cambistas callejeros operan en Asunción y a lo largo de la frontera para que empresarios ilegales o con fachada legal cambien alrededor de 50.000 dólares diarios cada uno. Sólo en la calle Palma, la principal de la capital, hay 120 cambistas asociados. Sus operaciones no se registran.
En el esquema no queda afuera el tráfico de vehículos robados en Brasil y Paraguay con destino a Bolivia, a través del inhóspito Chaco.
La venta de automóviles procedentes de la zona franca de Iquique ha permitido no sólo la introducción de éstos, disfrazados como taxis, sino la legalización de otros robados, usando certificados consulares.
La indocumentación se ve reforzada por la falta de registro único de automotores, que fue votado hace dos años, pero que no ha sido reglamentado.
La Cámara de Concesionarios de Marcas de Automóviles (Cadam) asegura que han sido robados o no tienen título regular 70 por ciento de los vehículos que abarrotan las maltrechas calles y carreteras de este país.
El caos de circulación se complementa con la adjudicación de obras a empresarios que no cumplieron con sus obligaciones y se fugaron con dinero adelantado por el Ministerio de Obras Públicas.
Existe un enfrentamiento entre la oposición legislativa y Wasmosy, a quien no le aprueban un plan de 3.500 kilómetros de rutas y puentes, pues se teme que las obras sean adjudicada a alguna de las firmas de las que el presidente es accionista.
Esa fue otra de las causas por las que en 1996 se rechazó la construcción de un segundo puente en Ciudad del Este, para tráfico de camiones de carga hacia Brasil.
Pero la que sigue esperando, bajo una espesa capa de polvo, la prometida Ruta Transchaco, a la que le faltan 500 kilómetros para conectar la boliviana ciudad de Santa Cruz de la Sierra con Asunción.
De marzo a noviembre circulan por los departamentos del inhóspito Chaco Boreal, que durante décadas estuvieron bajo administración militar, centenares de vehículos robados.
Con la complicidad de las fuerzas de seguiridad que custodian la zona pasan a Bolivia donde son canjeados por droga, que luego vuelve al país para seguir hacia otros países vecinos y a Estados Unidos.
En esta actividad estuvo implicado el propio ex comandante del Ejército Humberto Garcete, quien debió dejar su cargo cuando el coronel Catalino González lo descubrió, en 1994 realizando tratativas con los autotraficantes.
González, que fue retirado de la fuerza de tierra por negarse a que pasaran los ladrones por su zona de control, explicó a IPS, desde su cargo de director de tránsito de la alcaldía asunceña cómo a partir de enero se hace imposible el tráfico de vehículos hacia Bolivia debido a las lluvias que anegan los caminos.
La droga circula en el mercado paraguayo y crece a la vista de todo el mundo en el departamento de Amambay, muy cerca de la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Ubicado en el límite con Ponta Porá, Matto Grosso do Sul, la frontera terrestre de Amamabay es lo más parecido al lejano oeste estadounidense, con una policía que no puede contra sicarios armados a guerra.
El canciller brasilero Luiz Felipe Lampreia dijo en la XIII cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) que había iniciado conversaciones con el gobierno paraguayo para la lucha contra el crimen transfronterizo. Estrategia que se aplicará con medidas restrictivas, pero también "tecnológicas".
El presidente argentino Carlos Menem coincidió en su preocupación sobre estos enclaves limítrofes, pero advirtió que toda acción deberá hacerse respetando la soberanía de Paraguay.
Según un informe dado a conocer por la División Contra el Crimen Organizado y de Investigaciones Especiales de Brasil, 30 millones de dólares son lavados diariamente por grupos delictivos y empresas brasileñas, a través de firmas con fachada en Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero o Bella Vista Norte.
Los ministros de Interior Carlos Corach, de Argentina, y Miguel Angel Ramírez, de Paraguay, junto al ministro de Justicia de Brasil, Iris Rezende, concertaron el 17 de diciembre un riguroso control de las pistas clandestinas, que estará a cargo de cada fuerza aérea.
Los gobiernos argentino y brasilero solicitarán, además, permiso legislativo para abatir vuelos clandestinos, sospechosos de transportar drogas, cuando no acaten la orden de aterrizar. (FIN/IPS/cm/mj-dam/ip/98
