La campaña para las elecciones en las dos regiones autónomas del Atlántico nicaragüense, consideradas decisivas para la consolidación de la democracia en el el país, se inició hoy bajo acusaciones contra el partido gobernante de utlización proselitista de cuantiosos recursos estatales.
En esos comicios, que tendrán lugar el 1 de marzo, serán electos los concejales que conformarán los gobiernos autónomos de la Costa Atlántica Norte y Costa Atlántica Sur, dos regiones pobladas por indígenas.
Las primeras denuncias de uso proselitista de recursos públicos contra el gobierno las formuló Etica y Transparencia, organismo que desde los comicios generales de octubre de 1996 actúa como observador de los procesos electorales.
"Empiezan a proliferar acusaciones al observarse el uso de bienes del Estado con fines partidarios" por parte del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, en el poder), acusa el grupo en un informe.
Alude en particular a una caravana gubernamental que a inicios de diciembre recorrió varias comunidades de la Costa Atlántica con vehículos estatales, radioemisoras, y hasta helicópteros de la Fuerza Aérea.
El diario opositor sandinista Barricada estimó esos gastos en unos 100.000 dólares.
Una decena de partidos y agrupaciones opositoras que participarán en la contienda, entre los cuales el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, segunda fuerza política a nivel nacional), formularon denuncias contra el PLC ante el Consejo Supremo Electoral (CSE).
El CSE remitió el caso a los tribunales de justicia, para que éstos decidan si la ley electoral fue violada.
El organismo electoral llamó no obstante la atención tanto al PLC como al FSLN por haber arrancado la campaña antes de tiempo.
"El Consejo Supremo Electoral debe actuar con independencia para hacer cumplir la ley y asegurar un proceso electoral justo y transparente", señala un comunicado de los partidos opositores.
"En manos del gobierno está que los resultados electorales de la Costa Atlántica sean creíbles, legítimos, y que las autoridades que resulten electas puedan ser respetadas por sus pueblos y comunidades", agrega.
Según la Ley de Autonomía aprobada durante la gestión sandinista (1978-1990), los gobiernos de ambas regiones, en representación de las comunidades indígenas, deben decidir sobre la educación bilingüe, los servicios de salud y la explotación de los recursos naturales en su área.
Pero en la práctica el gobierno central ha bloqueado las decisiones de esas autonomías. Por otra parte, las autoridades regionales son consideradas corruptas e ineptas por buena parte de la opinión pública local, según una reciente encuesta.
Para 71,5 por ciento de los ciudadanos encuestados en el Atlántico Norte y 77 por ciento en el Sur, "hay mucha corrupción" en los respectivos gobiernos regionales. Más de la mitad de ambos electorados estima a su vez que las autoridades autónomas tienen muy poco poder real.
La presidenta del Poder Electoral, Rosa Marina Zelaya, calificó de "decisivas" las elecciones costeñas para el fortalecimiento de la democracia en Nicaragua.
"Pretendemos que las elecciones de la Costa Atlántica sean un modelo, pero ello requiere de una contribución de los otros poderes del Estado, de la comunidad internacional, de las organizaciones políticas y de la sociedad civil", dijo Zelaya a IPS.
Elevar la tasa de participación en los comicios es uno de los principales desafíos planteados.
En 1996, en el Atlántico Norte 30,9 por ciento del electorado se abstuvo de votar, mientras que en el Sur 47,5 por ciento optó por la misma actitud.
El 1 de marzo unos 160.000 pobladores mayores de 16 años en ambas regiones tendrán derecho a votar y elegir a sus representantes autónomos, que asumirán sus cargos el 4 de mayo por un período de cuatro años. El PLC es dado como favorito para ganar los comicios. (FIN/IPS/rf/dg/ip/97
