El nuevo secretario de Gobernación (ministro del Interior) de México, Jorge Labastida, manifestó hoy su intención de reunirse con los involucrados en el conflicto en Chiapas, entre ellos con el líder zapatista, subcomandante Marcos, para desactivar la tensión que sufre ese estado.
El gobierno intentará de forma directa o indirecta hablar con el subcomandante Marcos, máximo dirigente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dijo Labastida en su primera entrevista con una radioemisora local en su carácter de secretario de Estado.
El funcionario, designado el fin de semana en reemplazo de Emilio Chuayffet, quien renunció al cargo tras cuestionamientos de la oposición a su actuación en el conflicto en Chiapas, reconoció que la situación en el estado meridional es actualmente explosiva.
Tras la matanza el 22 de diciembre de 45 indígenas a manos de un grupo paramilitar vinculado al parecer con el gobernante Partido Revolucionario Institucional, la tensión subió entre las comunidades de Chiapas, los militares aumentaron su presencia y el gobierno y EZLN se enfrascaron en acusaciones mutuas.
En Chiapas "hay una guerra de pobres contra pobres" originada en asuntos religiosos, políticos y de disputas de tierras, expresó Labastida, luego de reconocer que esa zona del país "vive hoy una situación más grave" que antes de enero de 1994, cuando el EZLN se levantó en armas.
Reunirse con Marcos, con los mediadores del Congreso, las Iglesias y las autoridaes de Chiapas son hoy prioridades, declaró el secretario de Estado.
La diócesis católica de San Cristóbal, tercera ciudad de Chiapas, la guerrilla, el gobierno y la Secretaría (ministerio) de Defensa, intercambiaron acusaciones y desmentidos los días sábado y domingo sobre una presunta incursión de soldados en La Realidad, localidad considerada principal bastión zapatista.
La actuación de los militares no es intimidatoria ni busca provocar al EZLN ni detener a sus dirigentes, sino que intenta apenas aclarar la matanza de los indígenas y seguir el proceso "para desarmar grupos de cualquier signo", según la Secretaría de Defensa.
La guerrilla zapatista, que denuncia la existencia de un plan oficial para atacarla con el pretexto de la matanza de diciembre, tiene derecho a permanecer armada y sus mandos no pueden ser detenidos, según una ley dictada en 1995 para garantizar los diálogos de paz con el gobierno.
La revista semanal Proceso informó el domingo que, según supuestos documentos de la secretaría de Defensa, el trabajo de inteligencia contra el EZLN es organizar a grupos paramilitares y dividir a los indígenas.
No existe tal estrategia contrainsurgente, respondió la secretaría en un breve comunicado.
Grupos humanitarios, la Iglesia de Chiapas, los partidos de oposición y el EZLN sostienen que el gobierno lleva adelante en Chiapas una "guerra de baja intensidad" que consiste en apoyar a paramilitares y crear tensión entre las comunidades indígenas.
Simpatizantes de la guerrilla y miembros de los partidos de oposición vienen realizando desde el 23 de diciembre protestas por la matanza de indígenas y contra la política del gobierno en Chiapas, el estado más pobre del país.
Marchas, ocupación de estaciones radiales y cierre de calles y algunos edificios públicos son algunas de las acciones registradas los últimos días.
El diálogo de paz entre la guerrilla y el gobierno del presidente Ernesto Zedillo se encuentra en suspenso desde 1996, cuando las autoridades rechazaron el contenido de un proyecto de ley sobre derechos y cultura indígena, redactado por mediadores del Congreso, y aceptado por el EZLN.
Hay que volver a dialogar sobre la ley, pues el problema de las autonomías podría dividir al país, dijo Labastida. (FIN/IPS/dc/mj/ip/98