Cinco indígenas contrarios al gobierno de México fueron asesinados en los últimos tres días en el sureño estado de Chiapas y otro murió en un accidente automovilístico que, según testigos, puede haber sido un atentado.
La violencia continúa en Chiapas, a pesar de las promesas oficiales, los cambios de funcionarios, las investigaciones realizadas y la presencia militar.
La Procuraduría de ese estado informó el viernes de noche el hallazgo de los cádaveres de tres indígenas simpatizante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que habrían sido ahorcados.
Horas antes, un dirigente campesino opositor murió en una carretera, cuando un camión embistió el auto en el que viajaba, mientras otro era enterrado, tres días después de ser asesinado a balazos.
Como sucedió con las matanza de 45 indígenas en diciembre, perpetrada al parecer por un grupo paramilitar integrado por afiliados al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), las autoridades prometieron una investigación a fondo y nuevos controles para frenar la violencia.
El opositor Partido de la Revolución Democrática exigió al gobierno pasar "del discurso a los hechos" y condenó la muerte de los dirigentes campesinos, que el día 22 habían participado en actos organizados en Chiapas para recordar la matanza de diciembre.
El presidente Ernesto Zedillo, acusado por la oposición y grupos humanitarios de diseñar una estrategia de división de los indígenas de Chiapas, para debilitar a la guerrilla, aseguró que hace lo posible por garantizar la paz en el ese estado.
Pero el relevo del secretario de Gobernación (Interior) y del gobernador de Chiapas, la reestructuración de la policía, las investigaciones especializadas y el masivo despligue de tropas no han logrado evitar que siguiera la serie de asesinatos.
Las autoridades no logran identificar a los grupos paramilitares que el EZLN, los campesinos, la Iglesia Católica y los partidos de oposición afirman que operan en Chiapas.
La Procuraduría federal, que detuvo a alrededor de 40 personas por la matanza de diciembre, sostiene que el móvil de los asesinos pudo ser la venganza.
Divididos por problemas políticos, religiosos y agrarios, los indígenas de Chiapas soportan una ola de violencia sin precedentes en la historia de ese estado, uno de los más pobres del país.
Investigaciones independientes indican que desde febrero de 1995, cuando el gobierno ordenó una ofensiva militar contra el EZLN, más de 1.500 indígenas fueron asesinados.
Es el resultado de una "guerra de baja intensidad", advierten organizaciones humanitarias y dirigentes de partidos opositores.
La cantidad de muertos supera en 1.348 víctimas a la registrada en enero de 1994, el único mes en que el EZLN y el ejército se enfrentaron directamente.
La violencia en Chiapas opaca la democracia de México y cubre de sombras las garantías individuales, señaló el viernes el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su infome anual sobre los derechos humanos en el mundo.
Para poner fin a los asesinatos, el gobierno asegura que intenta reanudar el diálogo de paz con el EZLN, suspendido desde 1996. Los insurgentes afirman sin embargo, que el único interés del gobierno es acabar con ellos por la vía militar. (FIN/IPS/dc/ff/hd ip/98
