El gobierno de México habla de paz en el sureño estado de Chiapas, mientras aumenta la presencia del ejército federal en la zona y ordena a las tropas ingresar en áreas de directa influencia de la guerrilla zapatista y decomisar armas.
"Son tareas de protección" para evitar una nueva tragedia como la matanza de 45 indígenas cometida el 22 de diciembre por grupos paramilitares, afirman las autoridades, tras exigir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) la reanudación del diálogo de paz roto en 1996.
Las negociaciones se suspendieron cuando el gobierno rechazó el contenido de una ley sobre derechos indígenas redactada por mediadores del parlamento.
La guerrilla, cuyo desarme no se ha negociado, considera que el gobierno de Ernesto Zedillo creó el escenario de la masacre de diciembre -cometida al parecer por campesinos vinculados al gobernante Partido Revolucionario Institucional- para justificar un ataque en su contra.
El sacerdote Gonzalo Iturate, secretario de la Comisión Nacional de Intermediación, instancia que promueve el diálogo en Chiapas, señaló que el masivo depliegue militar causa "inmensa inquietud", pues "parecería tener un objetivo distinto al de esclarecer la matanza y garantizar la seguridad".
"Estamos profundamente preocupados, pues cuando supuestamente la prioridad del gobierno era esclarecer la masacre, el ejército realiza otro tipo de acciones, que aparecen como una cortina de humo", dijo Iturate.
Mujeres indígenas que cubrian sus rostros con pasamontañas y portaban palos encararon el viernos a un grupo de soldados y exigieron su retiro de una zona zapatista bastante alejada del lugar donde se cometió la matanza.
Días antes, los militares decomisaron armas de bajo poder en un municipio donde los simpatizantes de la guerrilla son mayoría.
El desarme es una prioridad en Chiapas, y debe alcanzar tanto a grupos paramilitares como a guerrilleros, sostiene el gobierno.
Seis grupos paramilitares contrarios al EZLN se armaron en los últimos meses en este estado, a pesar de los estrictos controles que desde hace cuatro años mantiene el ejército federal.
Según investigaciones independientes, los paramilitares cuentan con la protección de autoridades y policías locales.
El mando del EZLN, que en enero de 1994 se levantó en armas, instruyó en las últimas horas a sus bases indígenas abandonar los campamentos situados cerca de retenes militares y estar atentos a los acontecimientos.
"Parece que el gobierno federal está dipuesto a atacar a nuestras comunidades", advirtió el llamado comandante David, del EZLN.
El propósito del gobierno es aumentar "indiscriminadamente" la vigilancia militar de toda la zona de conflicto de Chiapas, reconoció el general José Gómez, uno de los jefe del ejército en el estado sureño.
La Secretaria de Gobernación (Interior) aseguró que la presencia de militares tiene la intención de proteger la vida de los habitantes del lugar y brindar ayuda social.
Aunque sufren hambre y enfermedades y no tienen vivienda, los pobladores de algunas zonas de influencia zapatista rechazan cualquier tipo de ayuda de los militares, pues los consideran responsables indirectos de la matanza de diciembre y enemigos del EZLN.
Hasta ahora, las autoridades detuvieron a más de 20 campesinos como presuntos responsables de la masacre, pero no han localizado las armas utilizadas en el hecho.
Los dirigentes del EZLN exigen, para volver al diálogo de paz, terminar con el cerco militar en torno de las zonas de influencia de la guerrilla, el desmantelamiento de los grupos paramilitares y el pleno respeto de los acuerdos sobre cultura y derechos indígenas firmados en febrero de 1996. (FIN/IPS/dc/ff/ip/98
