Amnistía Internacional manifestó hoy su alarma por el anunciado retiro de Jamaica del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, previsto para el día 22, y sus consecuencias humanitarias para la insular nación caribeña.
La sección en Venezuela de Amnistía llamó a la comunidad internacional a movilizarse para impedir que el gobierno de Percival Patterson cumpla con su amenaza de retirarse del Protocolo del Pacto, que protege derechos humanos fundamentales.
Marcos Gómez, director de Amnistía en Venezuela, explicó que el 23 de octubre, el gobierno jamaiquino anunció al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, su decisión de salir del acuerdo humanitario, en una medida sin precedentes.
El retiro de Jamaica significaría que los ciudadanos de ese país no tendrían la facultad de recurrir al Comité de Derechos Humanos de la ONU en demanda de reparación ante la violación de los derechos amparados en el Protocolo del Pacto.
Amnistía no explicó las causas aducidas por el gobierno de Patterson, pero otras instancias explicaron a IPS que el problema que está detrás es el de los condenados a muerte, cuya ejecución es obstaculizada por recursos a ese Comité o al de similares características de la Organización de Estados Americanos.
En la actualidad hay 49 condenados a muerte en Jamaica, después que en diferentes formas otros 101 lograran la conmutación por penas de cada perpetua o menores, en concesiones que en parte se debieron a presiones de los dos comités.
El sistema judicial y penitenciario jamaiquinio es muy criticado por organismos humanitarios internacioanles, tanto intergubernamentales como no gubernamentales, e impone un plazo máximo de cinco años para que se ejecute una condena a muerte.
La misma misma situación con los condenados a muerte estaría llevando a instancias legales de la vecina Trinidad y Tobago a proponer seguir el camino de Jamaica, lo que abriría un "efecto domino" de indefensión humnitaria en el Caribe.
Patterson denunció el Protocolo sin consultar al parlamento y antes había dispuesto, en una medida que fue considerada como una extralimitación por activistas humanitarios, la imposición de plazos incumplibles para que los llamados "habitantes del pabellón de la muerte" interpusieran recursos ante el Comité.
"La retirada de Jamaica supone un grave paso atrás, pues amenaza con socavar el sistema de protección internacional de los derechos humanos", alertó un documento de la sección venezolana de Amnistía.
Añadió que las consecuencias serían muy negativas no sólo para los jamaiquinos, sino para todo el mundo.
El Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos fue aprobado en 1966 junto con otro, sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En conjunto reglamentan la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
El Pacto entró en vigor en 1976 y ha sido suscrito por 124 países, según detalló a IPS el Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos.
Protege el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, el derecho a la no tortura, a no ser detenido arbitrariamente, a juicios con garantías, a la libertad de expresión, asociación, reunión o circulación, a votar y a la protección de las minorías.
El Protocolo Facultativo del Pacto ha sido suscrito por 74 países y el primero en abandonarlo sería Jamaica. Existe un segundo Protocolo destinado a abolir la pena de muerte, que sólo ha sido suscrito por 20 países.
Gómez explicó que informes de Amnistía consignan que en los ultimos años, centenares de civiles murieron en Jamaica a manos de fuerzas policiales y de seguridad, en circunstancias que sugieren abiertamente en muchas ocasiones el abuso de la fuerza o ejecuciones extrajudiciales.
Las personas detenidas han sido sometidas a malos tratos y en algunos casos han muerto cuando estaban bajo custodia. Amnistía también asegura que "los juicios han sido manifiestamente injustos", incluso en los casos en que los procesados podían ser castigados con la no abolida pena de muerte.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, manifestó en octubre que el sistema judicial estaba funcionando en forma incorrecta en el insular país caribeño y que su gobierno era consciente de la situación.
También criticó al gobierno de Jamaica porque no ha elaborado los informes que cada cinco años exige el Pacto a los países signatarios.
El Comité fue creado en 1977 y vela por la aplicación del Pacto y del Protocolo, que le faculta a examinar las denuncias de particulares de violación de los derechos proclamados en esos y otros acuerdos.
Está integrado por 18 miembros que actúan a título personal y en sus tres sesiones anuales examinan los informes de los estados partes sobre las medidas que adoptaron para promover y respetar los derechos humanos.
En la última sesión fue que cristalizó la crisis con Jamaica.
Para la sección venezolana de Amnistía, si la medida de retiro se hace efectiva al transcurrir los tres meses de su anuncio, se estaría contrariando de manera frontal las aspiraciones de la comunidad internacional de fortalecer el sistema de tratados que protegen los derechos humanos, bajo el amparo de la ONU. (FIN/IPS/eg/ff/hd ip/98
