Las fundadas sospechas del ingreso irregular de residuos contaminantes a Paraguay, a través de una zona franca en Uruguay, reavivaron el temor de que el Cono Sur de América se haya transformado desde fines de los años 80 en uno de los basureros tóxicos del Norte desarrollado.
Pese a que desde mediados de la presente década el flujo de materiales peligrosos en desuso viró rumbo a Asia meridional, organizaciones ambientalistas creen que América Latina fue, y todavía es, receptora de importantes cargamentos provenientes de Europa y Estados Unidos.
Desde la entrada en vigor del Convenio de Basilea (Suiza), en 1992, que fue ratificado por los países latinoamericanos, y la consecuente promulgación de leyes nacionales de prohibición, hubo una reducción del número de envíos, aunque se presume que continúan ingresando con documentación adulterada.
Ese acuerdo internacional, firmado en 1989, reglamenta la producción de desechos tóxicos y el movimiento de éstos entre países, y fija responsabilidades en el tratamiento lo más cerca posible de las fuentes generadoras y de la manera ambientalmente más adecuada.
Previsamente, en la primera conferencia de partes, realizada en el balneario uruguayo de Piriápolis, al este de Montevideo, los países en desarrollo miembros del Grupo de los 77 y China exigieron la prohibición de las exportaciones de residuos tóxicos desde las naciones nucleadas en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
La organización ambientalista internacional Greenpeace posee pruebas sólidas sobre varios proyectos de traslado de estos materiales peligrosos desde Europa y Estados Unidos -país éste que no adhiere a la Convención de Basilea- aunque no ha podido documentar ningún arribo a costas latinoamericanas.
Autoridades paraguayas tratan de determinar en estos días de qué país son originarios los 1.100 tambores encontrados en el puerto de Asunción, cuyo contenido presuntamente tóxico está siendo analizado en Alemania por un equipo dirigido por el técnico del secretariado de la Convención de Basilea, Mario Epstein.
El cargamento, que provendría de Alemania, fue abondonado en 1992, luego de transbordar en la zona franca que opera Paraguay en el puerto de Montevideo, con documentación legítima, según confirmó a IPS su director, Pablo Abdala.
Parte de esa carga habría sido mezclada con fuel oil e incinerada en el horno de una fábrica de la estatal Industria Nacional del Cemento, ubicada en Vallemí, en la zona del Gran Chaco, al norte de Paraguay.
El gobierno de ese país ordenó esta semana a un grupo técnico interinstitucional buscar en esa amplia zona otros sitios donde habrían sido enterrados cientos de barriles con basura altamente tóxica, donde no se descarta que haya material radiactivo llevado por vía fluvial y férrea a principios de la década.
De comprobarse la existencia de depósitos clandestinos, las consecuencias para el medio ambiente y para la salud de la población pueden ser nefastas, dado que las capas freáticas se encuentran a escasos cuatro o cinco metros de la superficie, afirmaron especialistas paraguayos.
La basura habría arribado desde Estados Unidos y Europa entre 1988 y 19943 a través de puertos de paso como el de Montevideo y Nueva Palmira (Uruguay), Rosario (Argentina), o de Brasil, estima Marcelo Furtado, coordinador internacional de la campaña contra el comercio de desechos de Greenpeace, radicado en Sao Paulo.
Furtado entiende que cabe gran responsabilidad en el control de estos posibles ilícitos a Argentina, Brasil y Uruguay, miembros del Convenio de Basilea, al igual que a Paraguay. Las cuatro naciones integran el Mercado Común del Sur (Mercosur).
Uruguay, al parecer puerta de entrada de este tráfico ilegal, es el único de los cuatro países del Mercosur que ratificó la enmienda de la Convención de Basilea que prohíbe el envío de residuos tóxicos de terceros estados para depósito final y para reciclaje, cláusula que entró en vigencia el 1 de enero.
Desde entonces están prohibidas las exportaciones de desechos especiales desde la Unión Europea hacia estados no miembros de la OCDE.
El Senado uruguayo aprobará este año un proyecto de ley que habilitará la inspección por parte de autoridades nacionales de toda la mercadería de paso en sus zonas francas, para prevenir y combatir la presencia de productos nocivos para la vida humana y el ambiente.
En la conferencia que se realizará en febrero en Kuching, Malasia, la lista actual de productos tóxicos será ampliada, aunque no se incluirían los desechos nucleares como proponen los ambientalistas.
El tema será incluido en la agenda del Mercosur a instancia de Paraguay, que prometió adherir también a la enmienda de prohibición.
Furtado dijo a IPS que Greenpeace habló con el gobierno paraguayo de Juan Carlos Wasmossy sobre la necesidad de un acuerdo regional que garantice una acción rápida para evitar que estos materiales ingresen solapadamente, y sobre la inclusión de los desechos nucleares en esta prohibición.
El experto dijo que la organización está dispuesta a ayudar a las autoridades paraguayas, tal cual se lo solicitaron, si permiten el acceso a las actas y documentación que tienen.
La inclusión de estos temas en las negociaciones del Mercosur es vital ante la comprobación de varias propuestas y tentativas de exportación de desechos tóxicos a Paraguay y otros países latinoamericanos.
Un informe de Greenpeace publicado en 1991 en Alemania, revelaba la existencia de 18 proyectos para trasladar desechos peligrosos desde Estados Unidos y Europa, para hacerlos desaparecer en fábricas de cemento o calzado y centrales energéticas, o para reciclarlos como combustible alternativo.
El destino previsto era Argentina (100.000 toneladas por año), El Salvador (1,2 millones), Granada (16.000), Guyana (100.000), Honduras (300), Nicaragua (200), Paraguay (1,2 millones), Uruguay (60) y Venezuela (101.000). También incluía a México y República Dominicana, lo que totalizaba 2.717.560 toneladas anuales.
Uno de los implicados en este tráfico es el denominado "Grupo de Florida", con base en Miami, Estados Unidos, que actuó en Alemania a través de la empresa de sanitarios e inmubles "HIS of Lakeland".
Su director, Matthias Engel, fue apresado en el puerto de Bremen, Alemania, en febrero de 1990, cuando se aprestaba a embarcar 1.100 barriles de basura tóxica con destino a Venezuela, Paraguay, Argentina y Guyana.
Unos días después se descubrió en las bodegas del buque "Borkum" 1.000 toneladas de residuos tóxicos fletados por la firma SWE-Entsorgungsbetriebe KG, cuyo gerente era el cónsul general honorario de Paraguay, Heinrich Kreyenberg, investigado actualmente en relación con el cargamento encontrado en ese país.
Kreyenberg, de origen alemán pero nacionalizado paraguayo por orden del dictador Alfredo Stroesner, dijo que quería "donar" a la Industria Nacional del Cemento 100.000 toneladas de una mezcla de sedimentos de pinturas y lacas con aserrín, como combustible substituto.
Por esta "dádiva" el diplomático, destituído el 6 de abril de 1990 por el entonces presidente de Paraguay Andrés Rodríguez, hubiera obtenido una ganancia neta de seis millones de dólares.
La cadena alemana de televisión Die Müllschieber filmó la carga del "Borkum" y reveló que luego fue quemada en el sistema de calefacción de una escuela de la ex Alemania Democrática, delito por el cual Kreyenberg fue enviado a prisión. Este video está ahora en poder de las autoridades paraguayas.
De acuerdo a varias investigaciones realizadas por organizaciones no gubernamentales de la región, funcionarios de aduanas y militares que actuaron en el régimen de Stroesener y en las dictaduras de Argentina y Uruguay de los años setenta y ochenta estarían implicados en estas maniobras. (FIN/IPS/dam/dg/en/98
