Las reformas acordadas entre Indonesia y el Fondo Monetario Internacional (FMI), destinadas a recuperar la debilitada economía del archipiélago asiático, no lograrán aliviar la tensión social acumulada en los últimos meses, advirtieron analistas.
Muchos observadores aprueban las reformas, suscriptas personalmente por el presidente Alí Suharto el jueves luego de conversaciones con funcionarios del FMI, que autorizaron a cambio un paquete de rescate por 43.000 millones de dólares.
El plan de austeridad pretende evitar la bancarrota y acabar con el actual régimen de nepotismo del presidente indonesio. Los cambios están dirigidos contra los monopolios, el gasto en proyectos ambiciosos y el tratamiento especial de proyectos de la élite política y económica.
Las reformas, muchas de las cuales revisan el plan presupuestal para 1998 presentado por Suharto a principios del año, carecen de precedentes y acometen mucho de los males que los críticos diagnosticaron en la economía indonesia.
"Esto sirve como lección. Si los poderes internos no tienen agallas para realizar cambios radicales, lo hacen los poderes externos", publicó el diario Republika Daily en su editorial.
Sin embargo, la decisión del gobierno -inducida por el FMI- de eliminar los subsidios al combustible, por ejemplo, podría debilitar aún más el escaso poder adquisitivo de los indonesios y aumentar la tensión.
La policía informó esta semana sobre disturbios en la isla de Java, desencadenados por el incremento de los precios tras la reciente caída de 70 por ciento de la rupia, la moneda nacional.
Frans Seda, analista económico y ex ministro de Finanzas, señaló que el mayor desafío que tiene por delante el gobierno consiste en manejar el impacto social de las reformas.
"Ahora deberíamos pensar cómo resolver los efectos sociopolíticos de esta reforma", dijo Seda, y añadió que los sectores más humildes serán los más afectados.
"Con un crecimiento cero, una tasa de inflación prevista de 20 por ciento y el levantamiento del subsidio del combustible, la población llevará una pesada carga", afirmó el analista.
La proyección de crecimiento cero para 1998 (que cambió la proyección previa, más optimista, de cuatro por ciento) significa que no habrá nuevas actividades económicas. Esto a la vez, implica que los 2,8 millones de personas que se incorporarán a la población activa este año no podrán ser absorbidas.
Esto agravará problemas de desempleo en una economía cuyo porcentaje de desempleados aumentaría 50 por ciento, hasta afectar a 6,5 millones de personas.
El nuevo plan presupuestal fija la tasa de cambio de la rupia en 5.000 unidades frente al dólar estadounidense y el índice de inflación para 1998 en 20 por ciento, en lugar del ambicioso nueve por ciento.
El FMI también pretende que el presupuesto del año próximo tenga un superávit de uno por ciento del producto interno bruto.
Para muchos indonesios, lo más chocante de la carta de intención fue el compromiso del gobierno de eliminar su subsidio a los productos derivados del gas y el petróleo.
El FMI considera que los subsidios a productos básicos como alimentos y combustible son ineficiencias que coliden con los principios del libre mercado y agotan los recursos del gobierno, aunque los indonesios están acostumbrados desde hace mucho tiempo a esa ayuda.
Los subsidios constituyen un tema de alta sensibilidad política, por lo que Jakarta se negó a desmantelarlos hasta que debió hacerlo por presión del FMI.
"El levantamiento del subsidio del petróleo implica el aumento del precio del transporte público y otros servicios básicos, lo cual no afecta en absoluto a los ricos", señaló un empresario inmobiliario. (FIN/IPS/tra-en/ky/js/ml/if-dv/98
