La justicia de Honduras decidió hoy sobreseer a 10 militares implicados en la desaparición temporal de seis estudiantes en 1982.
El fallo constituye un duro revés para los organismos defensores de derechos humanos, que se esfuerzan en esclarecer la desaparición forzada de 189 personas durante la década pasada y castigar a sus responsables.
Otros juicios contra militares por causas similares siguen sun curso en diferentes tribunales pero este fallo genera jurisprudencia al ser el primer caso que se da por cerrado, aunque no prescrito.
El juzgado primero de lo criminal de Tegucigalpa, que intervino en última instancia en el caso, se escudó en una ley de amnistía.
Así, resolvió desechar el recurso interpuesto por la fiscal de los Derechos Humanos del Ministerio Público, Marlina Dubon, contra diez militares, unos activos y otros en retiro, por el secuestro de seis estudiantes.
Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos- Desparecidos, lamentó la decision judicial pero indicó que su organismo continuará exigiendo a la justicia saber el destino de sus familiares y que se les entreguen sus restos.
El juez Roy Medina, que intervino en el caso, aclaró que el sobreseimiento de esta causa criminal no implica la extinción de la misma y los familiares de los afectados pueden continuar con las instancias legales internas e internacionales.
En 1987 y 1989 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Honduras por la desaparición de personas en los años 80 en manos de militares y paramilitares y obligó al gobierno a indemnizar a los familiares de dos víctimas, medida que fue acatada en 1996 y 1997.
Leo Valladares, comisionado nacional de Derechos Humanos, había demandado al gobierno en 1993 el inicio de las causas criminales contra los implicados en las desapariciones, indemnización a sus familiares y el levantamiento de un monumento a la memoria de las víctimas.
Las causas fueron iniciadas pero no hubo hasta ahora ninguna iniciativa para indemnizar a las familias de las víctimas. Tampoco se ha erigido el monumento recordatorio.
Horas antes de conocerse el fallo de este viernes, la Corte Suprema de Justicia había ordenado al jefe de las Fuerzas Armadas, general Mario Hung, la entrega a los fiscales de los archivo del Batallón de Inteligencia 3-16, organismo que emprendió la "guerra sucia" contra los opositores de izquierda en la década pasada.
Hung dijo que no tenía ningún inconveniente en acceder al pedido.
En esos archivos, fiscales y jueces encontraron expedientes con detalles de la vida de importantes personalidades políticas y sociales del país. (FIN/IPS/tm/dg/ip-hd/98
