Al cumplirse hoy diez años del pacto de los partidos democráticos para buscar la paz en el País Vasco, el conflicto en esa región del norte de España parece transformarse en un enfrentamiento de vascos contra vascos.
La organización ilegal ETA y grupos independentistas que la apoyan han convertido en blanco prioritario de sus ataques a los representantes del gobernante Partido Popular (PP), de centroderecha. Quedan atrás así los años en los que su objetivo eran los representantes del Estado español.
En los últimos seis meses, ETA mató a tres concejales del PP, todos ellos de pequeños pueblos del País Vasco. El último, José Ignacio Iruretagoyena, asesinado la semana pasada, fue todo un exponente del "vasquismo".
Iruretagoyena nació en un caserío vasco, de familia vasca, y su padre fue concejal en el mismo pueblo de Zarauz, de menos de 20.000 habitantes, donde José Ignacio cumplía sus funciones cuando murió víctima de una trampa explosiva colocada en su automóvil.
Además, era "euskaldun" (hablante del euskera o vascuence), al extremo de que cuando debía perfilar una idea o un pensamiento prefería hacerlo en esa lengua en vez del castellano. Asimismo fue miembro del Patronato de Euskera del municipio de San Sebastián, un organismo encargado de la defensa del idioma euskera.
El presidente del gobierno autónomo vasco, José Antonio Ardanza, un nacionalista moderado, definió este lunes la violencia en esa región como "un problema de vascos y entre vascos", que debe ser resuelto por la población local.
Ardanza habló al conmemorarse el décimo aniversario de la Mesa de Ajuria Enea, llamada así por reunirse en el palacio de ese nombre, sede del gobierno vasco, en la provincia de Alava.
La Mesa de Ajuria Enea está integrada por todos los partidos con representación parlamentaria, a excepción de la coalición Herri Batasuna (HB), próxima a ETA.
El presidente vasco entiende que el diálogo es un camino para la paz, pero sólo pueden ser interlocutores de los demócratas "quienes legítimamente representan el proyecto de la izquierda nacionalista".
Los representantes de esa izquierda son los parlamentarios de HB, que en las últimas elecciones recibieron 15 por ciento de los votos en el País Vasco.
Pero, añadió Ardanza, no será posible "iniciar un diálogo final, productivo, si ETA no da muestras inequívocas de querer abandonar la violencia".
Su posición es similar, aunque no idéntica, a la del gobierno nacional, presidido por José María Aznar, quien sostiene que con ETA se hablará cuando deje de matar y que el diálogo deberá concentrase en las condiciones para la entrega de las armas de la organización ilegal.
ETA, apoyada por HB, responde que la negociación debe ser de igual a igual, entre el gobierno español por un lado y la dirección etarra por el otro, y que una eventual tregua deberá ser bilateral.
Mientras, los 160 concejales que el PP tiene en los ayuntamientos del País Vasco contarán con custodia policial a partir de este lunes.
Antonio Basagoiti, concejal en Bilbao, confesó que vive cada día con temor, que se ha vuelto muy suspicaz y que tiene todos sus sentidos puestos en salvar su vida. Agregó que no renunciará a su cargo, al igual que todos sus compañeros.
El gobierno vasco aseguró estar decidido a garantizar la seguridad de esas personas. El ministro del interior del gobierno autónomo, Juan María Atutxa, dijo este lunes que si no bastaran las fuerzas de seguridad de la región, pediría la colaboración de la policía dependiente del gobierno de Madrid. (FIN/IPS/td/ff/ip/98
