Cinco hombres que maltrataron a sus esposas ingresaron en prisión al comenzar el año en España, después de que el asesinato de dos de ellas produjera una profunda reacción social.
"Por fin los jueces están aplicando las medidas legales de que disponen para combatir los malos tratos y proteger a las víctimas", comentó María José Varela, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
Hasta ahora, en la mayoría de los casos se tomaba nota de las denuncias en las comisarías y se instruían sumarios por faltas, pero los jueces se abstenían de decretar medidas preventivas.
Por esa razón, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas aconseja a las mujeres maltratadas que se pongan a salvo antes de poner una denuncia. En muchos casos los maridos denunciados, al enterarse de la denuncia, vuelven a castigar a sus esposas.
Dos hechos golpearon especialmente a la ciudadanía. El 31 de diciembre, el esposo de Josefa Díaz Naharro, después de beber en un bar de Almendralejo, localidad situada a 350 kilómetros de Madrid, anunció a sus contertulios que se iba a su domicilio a matar a su esposa.
Dicho y hecho. Llegó a su hogar, persiguió a su esposa, la golpeó y le descerrajó un tiro de escopeta en el pecho. Después se suicidó. Los vecinos testimoniaron que Josefa había pedido la separación, debido a las frecuentes palizas que le propinaba su esposo.
El otro caso ocurrió el 14 de diciembre. José Parejo Vivar empapó con gasolina a su cónyuge, Ana, de la que estaba separado, y le prendió fuego con su encendedor, después de que ésta, diez días antes, contara ante las cámaras de televisión su historia y las razones que la llevaron a solicitar el divorcio.
En la última semana del año, el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, envió un escrito a todos los fiscales instruyéndolos para que persigan con el máximo rigor los malos tratos a las mujeres.
En el primer día hábil del año, un juez de la ciudad catalana de Tarragona envió a prisión a Federico A. D., acusado de agredir a su mujer en la noche del 24 de diciembre. El agresor fue detenido, al avisar los vecinos a la policía que estaba golpeando a su cónyuge.
Otro hombre, J.S.F., fue detenido el lunes, y el martes el juez lo envió a prisión, por dar una paliza a su mujer en el día de Navidad.
Otro juez, en la localidad catalana de Sabadell, obligó a abandonar el domicilio conyugal a Antonio J.G., casado y padre de cuatro hijos, también procesado por malos tratos. La medida se mantendrá hasta que termine el procedimiento policial.
En 1997 se superaron las 17.000 denuncias por malos tratos, pero fuentes oficiales y no gubernamentales afirman que sólo cinco por ciento de las mujeres afectadas denuncian los hechos.
La falta de trabajo, el miedo, los prejuicios, una educación sexista y la falta de seguridad al hacer la denuncia explican ese bajo porcentaje. Por ello, "hay que terminar con la tolerancia y el desconocimiento", afirma Consuelo Abril, abogada y presidenta de la Comisión de Malos Tratos a Mujeres.
El diputado Diego López Garrido, líder del partido Nueva Izquierda (escisión del Partido Comunista), calificó la violencia familiar de "problema de Estado".
López Garrido sostiene que este tema no es tomado debidamente en serio por los gobiernos democráticos y que, por lo tanto, su tratamiento debe ser prioritario para el Consejo General del Poder Judicial.
Pero algo se mueve, como lo indica el ingreso en prisión de los cinco esposos acusados con que comienza el año. María José Varela es razonablemente optimista: "Espero que esta nueva actitud de los jueces se mantenga, y que apliquen las leyes que ya existen para perseguir estos delitos", algo que "hasta ahora no hacían". (FIN/IPS/af/ff/hd/98
