El gobierno español está estudiando una reforma legal que significará una rebaja de impuestos a la renta, según fuentes próximas al Ministerio de Economía.
La reforma, en cuyo proyecto está trabajando un grupo de expertos, podría ser presentada en maro al parlamento. La anterior reforma, todavía vigente, se aprobó en 1977.
Una de las modificaciones más innovadoras será la introducción del concepto de "mínimo vital" para establecer a partir de qué nivel de renta se deberán pagar impuestos.
Con el nuevo criterio, en vez de atender al ingreso real de una persona o de una familia, se tomarán en cuenta los gastos indispensables que debe realizar una familia media en educación, vestuario, alimentos, educación, sanidad y ocio.
El Instituto Nacional de Estadísticas realizará una encuesta periódica actualizada sobre presupuestos familiares, que será la referencia para la declaración del impuesto a la renta.
En ese "mínimo vital" se tomarán en consideración otros factores, tales como la cantidad de hijos o de otras personas mayores a cargo de la unidad familiar.
En la práctica, la reforma implicará un aumento del monto del ingreso mínimo de una familia a partir del cual es obligatorio presentar una declaración de impuesto a las rentas. El aumento, todavía sin decidir, oscilará entre 15 y 20 por ciento.
Si dos matrimonios ganasen la misma cantidad de dinero mensual, pero uno tuviese hijos a su cargo y el otro no, el mínimo variará, pues será más alto para el primero, en función de que sus necesidades indispensables serán mayores.
Pero la reforma también afectará a las personas con ingresos altos, a las que se les reducirá sensiblemente el porcentaje.
El tramo más alto actual paga 56 por ciento de impuesto sobre sus ingresos, una vez deducidos determinados gastos, que son los mismos para todos los tramos con independencia de cuáles sean sus rentas.
Ese 56 por ciento se reduciría a 40, de acuerdo a lo prometido en su campaña electoral por el jefe del gobierno, el centroderechista José María Aznar.
Sin embargo, por razones presupuestarias, aunque la reforma entrará en vigencia en 1999, esta última reducción no lo haría en su totalidad, sino que es un objetivo progresivo y a medio plazo para evitar aumentar el déficit en las cuentas públicas.
Por otro lado, el gobierno anunció que a finales de este mes dictará una orden ministerial orientada a incentivar fiscalmente a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), cuyo total se estima en 3.200.000.
Un estímulo fiscal especial alentará a las Pymes que contraten nuevo personal asalariado, como una manera de incentivar la creación de empleo. (FIN/IPS/td/dg/if-pr-lb/98)
