El Salvador entró finalmente en la recta final de la privatización de sus activos, al vender cuatro empresas de distribución de electricidad por un monto total de 586 millones de dólares.
Tras la adjudicación el martes de 75 por ciento de las acciones de las cuatro distribuidoras a tres compañías, sólo resta el Estado salvadoreño transferir al sector privado unas pocas empresas pequeñas y su más valiosa prenda: las telecomunicaciones.
La Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador (antes llamada Antel) podría ser adjudicada a mediados de año, según los planes de gobierno, si alguna oferta alcanza o supera el valor de los activos de la compañía, estimados en 575 millones de dólares.
Desde 1990 se han vendido cinco bancos y tres financieras, el hotel Presidente, la zona franca San Bartolo, cuatro ingenios azucareros, una planta torrefactora de café, la fábrica de alcohol La Cabaña y los depósitos de etanol de Acajutla.
En la subasta del martes, Electricidad de Centroamérica S.A. compró la distribuidora Delsur por 180,1 millones de dólares. El adquirente es una filial de Emel, compuesta por seis empresas chilenas del sector eléctrico.
La distribuidora Clesa fue otorgada, por 109 millones de dólares, a AES El Salvador Limited, filial de AES Corp. de Virginia, Estados Unidos.
Las otras dos, CAESS y EEO, fueron asignadas a Enersal de Centroamérica por 297 millones de dólares. Enersal es subsidiara de la empresa Electricidad de Caracas, Venezuela.
Si bien la distribución de la electricidad fue trasladada al sector privado, la producción de energía sigue en poder del Estado a través del Comité Ejecutivo Hidroeléctrico del Río Lempa (CEL), pero no como un monopolio, pues la ley de electricidad autoriza la generación a compañías privadas.
Guillermo Sol Bang, presidente de CEL, dijo que los ingresos logrados en la subasta equivalen a 33 por ciento del presupuesto nacional. Agregó que las ofertas superaron el precio mínimo fijado para cada una de las distribuidoras.
La actuación de las compañías privadas, aseguró, beneficiará a la población salvadoreña, que verá cubierta la demanda insatisfecha y recibirá un mejor servicio. Las tarifas se mantendrán fijas los próximos cuatro años.
El gobierno salvadoreño seguirá ahora promoviendo sus últimos bienes en venta.
La privatización de las telecomunicaciones supondrá para el Estado deshacerse de una empresa sin capacidad de respuesta ante la demanda.
A pesar del rápido crecimiento económico del pais en los últimos años, El Salvador sólo tiene 370.000 líneas telefónicas en servicio, para una población total de 6,1 millones de habitantes. De esas líneas, 75 por ciento se concentran en el área metropolitana de San Salvador.
Según los representantes de CEL, el mayor atractivo de CTE es el alto tráfico de llamadas internacionales, sobre todo con Estados Unidos, debido a que cerca de un millón de salvadoreños viven en ese pais desde la década pasada.
En promedio, en 1996 El Salvador tuvo 189 millones de minutos de tráfico internacional de larga distancia, y 150 millones fueron con Estados Unidos.
Además del alto tráfico internacional de llamadas, la companía de telecomunicaciones fue reestructurada, se redujo el número de empleados, se aumentó el capital, se invirtió en nuevas líneas telefónicas para llegar a las 370.000 en 1997 y, en resumen, para vender una empresa sana y próspera.
Sin embargo, esas ventajas no han cautivado a los inversionistas extranjeros. El gobierno de Armando Calderón espera hallar a mediados de año el socio apropiado para ayudarle a mejorar ráoidamente las telecomunicaciones. (FIN/IPS/mso/ff/if/98
