El creciente tráfico de niños y niñas desde Ecuador hacia otros países latinoamericanos y Europa, donde son obligados a trabajar en condiciones de esclavitud, es un fenómeno social del cual se conoce muy poco.
El rescate de varios menores y la captura de traficantes ecuatorianos en países como Venezuela y España ha provocado alarma en la población y en las autoridades ecuatorianas, que estiman que el problema es mucho más grave de lo que se pensaba en un principio.
"De los graves problemas sociales, como los niños y niñas trabajadores de la calle, la prostitución infantil y la drogadicción, estamos pasando a otro de dimensiones poco conocidas que es el tráfico de menores", dijo a IPS el psicólogo Hugo Venegas, del Centro de Atención a Víctimas de la Violencia.
Aunque la policía y las autoridades de migración han puesto en práctica medidas de control para detener el tráfico de menores, que incluye la creación de un cuerpo policial especializado, reconocen que se dispone de muy poca información, lo que impide combatir a las organizaciones dedicadas a estas actividades.
A principios de este año, una quincena de niños ecuatorianos que eran obligados a trabajar en Caracas fueron rescatados gracias a la intervención de la policía venezolana. En el operativo fueron detenidos dos jóvenes ecuatorianos, presuntos integrantes de una red de tráfico de menores.
"Las investigaciones sobre este caso se iniciaron hace un año", dijo a IPS un oficial de la policía que pidió anonimato.
En febrero de 1997, el cónsul de Ecuador en Caracas, Luis Terán, denunció que centenares de niños ecuatorianos eran llevados a Venezuela ilegalmente para trabajar como empleados domésticos o cargadores en los mercados.
"Esta fue una de las primeras denuncias serias que nos permitió pasar de los rumores a lo concreto", comentó el agente. "Diariamente tenemos denuncias por raptos o venta de menores en Ecuador y a menudo nos llegan reportes de otros países".
La denuncia de Terán coincidió con la captura de Antonio Chito, de 65 años, quien conducía a un grupo de niños sin los documentos requeridos hacia la frontera con Colombia.
Según la policía, el destino final sería Venezuela. En Caracas estarían trabajando entre 180 y 200 niños ecuatorianos, según la Oficina para la Investigación del Delito de Ecuador.
Chito reclutaba a los niños en pequeñas poblaciones de la provincia ecuatoriana de Chimborazo, una de las de mayor concentración indígena, y partían con el consentimiento de sus padres, a quienes les entregaba 100 dólares.
Pocos días después de las detenciones realizadas en Venezuela, cinco ecuatorianos mayores de edad fueron capturados en Murcia, España, acusados de traficar menores y explotarlos laboralmente. En este operativo fueron rescatados siete niños y niñas de entre 14 y 17 años, que eran obligados a vender artesanías.
Según informes de prensa, en esa localidad española se presentó hace dos meses un caso similar, resultando detenidos dos ecuatorianos que explotaban a menores de su misma nacionalidad.
La pobreza en que viven más de seis de los 12 millones de ecuatorianos, la violencia intrafamiliar y la desigualdad social, "son el triángulo crítico que obliga a muchos niños y niñas a buscar otros caminos fuera de su hogar", comentó Venegas.
En Ecuador, 40 por ciento de la población es menor de edad. Según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), más de 1,1 millones de niños y niñas viven en condiciones de extrema pobreza.
También "existen padres desesperados por su situación económica, que prefieren dar a sus hijos una mejor oportunidad o bien negociarlos para obtener algo de dinero", apuntó el psicólogo.
Pero el experto considera que la magnitud que está adquiriendo este fenómeno social hace pensar en la existencia de organizaciones ilícitas dedicadas a la negociación de menores a nivel mundial.
En Ecuador, existen numerosas fundaciones que se dedican a tramitar adopciones en varios países de Europa.
"Aparentemente las disposiciones legales son muy rígidas y permiten un buen control sobre estas actividades, pero en la realidad existe corrupción a todos los niveles", lo que permite "burlar la ley", dijo Venegas.
En junio pasado, el líder indígena Rafael Pandam, ex ministro de Asuntos Indígenas del gobierno del destituido Abdalá Bucaram, fue capturado cuando intentaba tramitar una visa a Estados Unidos a un menor de edad.
Según la policía, Pandam realizaba con frecuencia estos trámites aprovechando su posición.Por cada visa tramitada obtenía mil dólares, que eran pagados por supuestas casas de adopción.
"La única solución para frenar este problema es una reacción contundente de toda la sociedad", pues "no es un problema que aparece en los diarios y en las noticias como algo distante. Es un problema real y todos tenemos parte de responsabilidad", concluyó Venegas. (FIN/IPS/mg/ag/pr-hd/98
